Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Carlos Alberto Franco

La Secretaría de Agricultura gastó en 21 contratistas (se desconoce si fueron escogidos a dedo o por concurso) el 90% de su presupuesto anual, lo que más que una equivocación fue una estupidez.


Hurgar en el plan de desarrollo de Palmira y las cifras de presupuesto de gastos e inversión, la rendición de cuentas y la contratación por prestación de servicios de agricultura en el año 2014 arroja más de una sorpresa y genera dudas.

El plan de desarrollo 2012–2015 establece el programa de competitividad agropecuaria con metas dirigidas a la asistencia técnica, la creación de asociaciones para encadenamientos productivos y el desarrollo y fomento agropecuario. Al acceder al gasto e inversión agrícola en el año 2013, encontré que el presupuesto definitivo alcanzó $4.807 millones —incluido desarrollo económico—, del cual agricultura tuvo una cifra de $4.196 millones.

En 2014 las asignaciones se redujeron dramáticamente de $4.196 millones (año 2013) a $1.666 millones, que equivale a $2.530 millones menos en inversión. ¿Por qué? No lo sabemos. En $1.666 millones se fija el presupuesto de 2014, discriminado de la siguiente manera:

Asistencia técnica $550 millones
Encadenamientos productivos $350 millones
Financiación de proyectos productivos $50 millones
Desarrollo y fomento agropecuario $566 millones
Red de seguridad alimentaria (RESA) $150 millones

Confrontando los $1.666 millones con la inversión (?) descrita por el secretario de Agricultura, en respuesta a "derecho de petición" interpuesto en agosto de 2014 para conocer la contratación en "prestación de servicios" de la secretaría, se hallaron 39 contratos de prestación de servicios por un valor de $1.000.475.000 y una transferencia a Corfepalmira de $1.350.000.000 para la celebración de la Fiesta Nacional de la Agricultura, evento del que no se conoce cuánto produjo por concepto de venta de servicios.

De los 39 contratos de prestación de servicios, 21 fueron suscritos para el "apoyo a la gestión, (...) para el incremento de la productividad de los encadenamientos que desarrollan los beneficiarios del programa de asistencia técnica rural que habitan en los corregimientos, (...) mediante el apoyo de asistencia técnica directa para pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Palmira".

Los corregimientos atendidos por los 21 contratistas son 27, divididos en siete sectores. El patrón de contratación para los siete sectores rurales es idéntico: tres profesionales contratados por cada sector. Dos profesionales, cada uno con contrato anual de $27.500.000 y uno por $16.500.000. ¡Rigurosa precisión en la distribución de la contratación! Se desconocen los logros del programa por cada uno de los corregimientos y cómo se consiguieron los encadenamientos productivos y para quiénes; se desconoce también si se incrementó la competitividad rural agropecuaria y qué impacto socioeconómico ha tenido el plan en beneficio de la población rural.

Palmira, inundada hasta el cogote con sus 32 mil hectáreas en caña, requiere diversificación de cultivos y mayor seguridad alimentaria. En frutales solo disponemos de 236 hectáreas (0.07% del equivalente a caña) y en plátano no superamos las 200 hectáreas. Los cultivos transitorios (frijol, maíz, sorgo, soya, etc.) solo ocupan 304 hectáreas y en hortalizas sembramos 300 hectáreas.

¿Qué razones técnicas, económicas y de planeación en producción tuvo la Secretaría de Agricultura para dar igual asistencia técnica con contratistas a corregimientos cañeros de la zona plana, frente a corregimientos con producción de frutales y hortalizas de la zona montañosa? ¿Qué criterios de selección se fijaron para determinar que todo el territorio rural se "cortaba con el mismo racero", cuando las condiciones de población, suelos y vocaciones son diferentes entre una comuna rural y otra? Lo protuberante y que salta a la vista de cualquier observador es que 21 contratistas se comieron $1.501.500.000 del total de $1.666.000.000 millones asignados para el año 2014.

¿Cómo financiaron Cepeda y Ritter el desarrollo, el fomento agropecuario y la red de seguridad alimentaria con un saldo de $166.000.000 millones cuándo tenían esos dos programas un aforo inicial de $716.900.000?

La Secretaría de Agricultura gastó en 21 contratistas —¿escogidos a dedo o por concurso?— el 90% de su presupuesto anual, lo que más que una equivocación fue una estupidez. No solo se gastó de modo ineficiente y sin indicadores de soporte, ya que los escasos recursos que aprobó el Concejo para 2014 solo representan el 0.07% del gasto de inversión municipal para dicho año, el cual ascendió a $214.127.935.175 —¡dizque alguna vez fuimos capital agrícola de Colombia!—. En vez de preocuparse por medir la popularidad del alcalde y su gestión, que Minagricultura y Planeación Nacional averigüen con diligencia y cuidado la forma como el gasto y la inversión para nuestro campesinado no siga fluyendo a un despilfarro y creación de empleo para recomendados de políticos "mermelados", mientras el campesino sigue esperando que llueva maná del cielo.

Si la paz de todos y de Santos se firma antes de terminar el año, debemos resolver lo agrícola: un 19.1% de la población rural o 2.1 millones de personas hoy tienen un ingreso per cápita por debajo de la línea de indigencia y en las cabeceras municipales este porcentaje llega al 6%. En Colombia 4.5 millones de personas no tienen ingresos suficientes para pagar sus alimentos.

No estamos preparados en el postconflicto para crecer agrícolamente, cultivando las tierras o suelos más fértiles sembrando hortalizas, arroz, soya, girasol y frijol, dejando así de importar el 90% de lo consumido hoy en la mesa de los vallecaucanos. Así como marcha Palmira, qué lejos estamos de alcanzar el desarrollo.

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