Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Carlos Alberto Franco

Lo expresado por la Fiscalía, respecto a lo ocurrido en Florencia, expone la gravedad de lo que ocurre en la capital del Caquetá: “Ese cupo de endeudamiento se pidió con el único objetivo de entregar contratos por los que la administración recibiría pago de coimas”.


La corrupción campea por doquier en el país y nadie, medianamente informado, se aterra que gobernadores y alcaldes, concejales y diputados se llenen los bolsillos con recursos públicos, autorizando por acuerdos y ordenanzas que los municipios se endeuden por encima de su capacidad financiera y fiscal. Así sucedió en Florencia (Caquetá) con la alcaldesa María Susana Portela, su esposo, la secretaria de Hacienda y diez concejales. El 28 de noviembre de 2014, les pagaron $800 millones a dichos concejales “para que ilegalmente aprobaran un cupo de endeudamiento de $20.000 millones, cuando el municipio solo tenía capacidad para préstamos por $12.000 millones”. (El Tiempo, julio 31 de 2015).

Sobra expresar que la Fiscalía y la Dijín los enviaron a todos a la cárcel.

A mi correo llegó una curiosa pero no menos preocupante información sobre como esta práctica se ha extendido, por lo menos, a tres municipios vallecaucanos, en los que el dominio de los gamonales y barones electorales es enorme y ha permeado a todos los concejales, quiénes, obedientemente, se someten a lo que quiera el ejecutivo, no importándoles que los sobreendeudamientos terminen en contratación adjudicada “amañadamente” y avalada por los órganos de control, que no ven, no oyen y no huelen “mermeladas” y cohechos, violando así la ley 80 del 93 y el código penal.

Lo expresado por la Fiscalía, respecto a lo ocurrido en Florencia, expone la gravedad de lo que ocurre en la capital del Caquetá: “Ese cupo de endeudamiento se pidió con el único objetivo de entregar contratos por los que la administración recibiría pago de coimas”.

En el Caquetá la cuerda se rompió por lo más delgadito. Fue clave el testimonio del ex asesor jurídico de la alcaldía, Germán Isaza, quien, en compañía del esposo de la alcaldesa, intentó sobornar con $200 millones a una fiscal para que archivara la investigación contra la mandataria. Pero cantó el jurídico y delató a todo el mundo.

Por allá, en el año 2012, tres municipios vallecaucanos realizaron la misma maroma florentina. En aquel entonces, los tres municipios no necesitaron de autorizaciones para la contratación de créditos comprometiendo vigencias futuras, puesto que sus finanzas y el marco fiscal de mediano plazo no pedían ajustes con endeudamientos lesivos. Uno de esos municipios adquirió una deuda de $70 mil millones con autorizaciones de acuerdos municipales. Un acuerdo comprometía la vigencia de los cuatro años del mandatario (2012–2015) y el otro acuerdo contemplaba vigencias futuras, dejando así empeñado a su sucesor, quien dizque validaría previamente a que obras se destinarían los créditos —¿continuismo?—. Los acuerdos fueron aprobados sin mayor análisis jurídico y económico por una amplia mayoría (diecisiete concejales). Solo dos concejales se abstuvieron, los cuales, minutos antes de la votación, se ausentaron argumentando padecer de incontinencia urinaria. (“Solicitamos de la honorable corporación permiso para retirarnos, pues un tratamiento urológico por incontinencia urinaria nos impide votar en la presente sesión, ya que afecta irremediablemente nuestras vejigas y uréteres, daño que el Municipio no cubre con el pago de unos atrasados y menguados honorarios”).

Buena manera de eludir el problema, pero al final de cuentas fueron prudentes y se “curaron en salud”. Antecedentes históricos de vigencias futuras que diputados aprobaron en 2011, con un sobreendeudamiento por $1.4 billones, al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, destituido por la Procuraduría, fue la presunta razón oculta que salvó a esos dos concejales de una investigación del ministerio público, direccionada contra los concejales, al alcalde, el jurídico y la secretaría de Hacienda.

Dicen algunos que los concejales, “asustados” por las investigaciones al exgobernador y sus dóciles diputados (exceptuando al Dr. Christian Garcés, que votó en contra), derogaron aquel acuerdo municipal que autorizaba un alto monto de vigencias futuras. Si quedó algún rastro del mismo, la secretaria del Concejo dará fe de ello. “Soldado avisado no muere en guerra”, pero como la memoria del colombiano padece de alzhéimer, vuelven después a “copiar” el perverso proceder, como si nada hubiera sucedido cinco años atrás.

¿Aprendió esas malas mañas la alcaldesa de Florencia cuando se desempeñó como diputada del Huila en tres periodos o “reforzó” sus habilidades con la experticia de unos conspicuos maestros de tres municipios del Valle, que, al parecer, pasaron de agache y se salieron con la suya?

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