Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Carlos Alberto Franco

La Consulta Popular Anticorrupción contiene una serie de normas con las que se busca castigar duramente la corrupción de políticos y contratistas.


El pasado mes de febrero, la senadora Claudia López visitó la ciudad de Palmira para promover e iniciar la recolección de firmas para la denominada “Consulta Popular Anticorrupción”, que pretende poner a consideración de la ciudadanía siete normas para prevenir y castigar a los contratistas y políticos que usufructúen los bienes del Estado para su propio beneficio. La propuesta es una iniciativa del Comité Promotor del Partido Alianza Verde, la cual fue presentada ante la Registraduría Nacional en el mes de enero. Para que la Registraduría Nacional apruebe la iniciativa y se pueda realizar la consulta, se requieren al menos cinco millones de firmas, las cuales deben ser recolectadas antes del 27 de julio del presente año. Luego, para que la propuesta se convierta en ley, mínimo once millones de colombianos deberán votar y de estos la mitad más uno a favor de cada uno de los siete mandatos que componen la Consulta Anticorrupción.

Los siete mandatos que contiene la consulta pretenden ponerle freno a la corrupción que, según los organismos de control, le están hurtando cerca de cincuenta billones de pesos a los colombianos:

  1. Reducir de cuarenta a veinticinco salarios mínimos los salarios de los congresistas.

  2. Cárcel común para corruptos, sin ningún tipo de privilegios y con la posibilidad de cancelar sin indemnización todos sus contratos con el Estado.

  3. Todas las entidades públicas y territoriales estarán obligadas a usar pliegos tipo para reducir la manipulación de requisitos y la contratación a dedo.

  4. ¡No más mermelada! Que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nación se desglose y priorice en audiencias públicas.

  5. Congresistas deben rendir cuentas sobre su asistencia, votación, gestión legislativa y política.

  6. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

  7. Limitar a máximo tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas, Cámara de Representantes y Senado.

Estas iniciativas fueron propuestas en el Congreso y fueron rechazadas. La ventaja que tiene la consulta popular es que, si cumple con todos los requisitos, su cumplimiento es obligatorio. Si el Congreso se niega a aprobarlas, el presidente de la República se verá en la obligación de hacerlo por decreto.

La importancia que tiene combatir la corrupción en Colombia nadie la pone en duda, pues este es un fenómeno que nos está expropiando la democracia, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Es el momento para pasar de la indignación a la acción, llegó la hora de castigar a la clase política y sus contratistas corruptos, es ya tiempo de suturar esa vena rota que nos desangra. Una firma, un voto, por insignificante que parezcan, pueden cambiar el destino de una nación.

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