Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Carlos Alberto Franco

Nuestro Concejo está un tanto lejos de su misión y visión, de manera que debe mejorar notablemente su desempeño si desea alcanzar sus objetivos y ganarse la aprobación popular.


De los 380 artículos que tiene nuestra Constitución Política de 1991, corresponde a los concejos diez funciones, y como corporación político–administrativa–pública, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar aquellas funciones que nuestra carta dicta para el alcalde del respectivo municipio.

¿Qué corresponde ejecutar a los concejos?

Según el artículo 313, tiene un decálogo de funciones: (a) Reglamentar funciones en la eficiente prestación de los servicios. (b) Adoptar planes y programas de desarrollo y obras públicas. (c) Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones pro tempore que el alcalde le delega. (d) Fijar tributos y gastos anuales. (e) Dictar normas orgánicas del presupuesto (rentas, gastos, inversión, deuda). (f) Fijar la estructura administrativa (planta de cargos, funciones, remuneraciones...), además puede crear establecimientos públicos o mixtos. (g) Reglamentar los usos del suelo y lo relacionado con inmuebles para la vivienda. (h) Elegir personero. (i) Dictar normas para la preservación del patrimonio ecológico y cultural del municipio. (Los concejales, mediante la ley 136 de 1994, compuesta por 203 artículos, complementa, precisa y desarrolla en detalle lo ordenado en nuestra carta magna).

El Concejo de Palmira

El Concejo de los palmiranos está conformado actualmente por diecinueve concejales: diez pertenecen al Partido de la U, tres al Partido Liberal, dos al Partido ASI, dos a Cambio Radical, uno al Partido Alianza Verde y uno al Partido Conservador.

(Cabe mencionar que, para llegar a esa corporación, un aspirante debe invertir en su campaña electoral aproximadamente trescientos millones de pesos).

La visión del Concejo es “ser reconocidos en el contexto municipal, departamental y nacional como una corporación que contribuye a la administración central, a brindar bienestar y mejorar la calidad de vida a los habitantes del municipio de Palmira”. Pero lo cierto es que nuestro Concejo está un tanto lejos de su misión y visión, de manera que debe mejorar notablemente su desempeño si desea alcanzar sus objetivos y ganarse la aprobación popular.

(No es mi propósito calificar si las responsabilidades propias del ejercicio de sus funciones se ejecutan en cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía —así debe ser— por parte de los diecinueve concejales, de los cuales dieciocho dan su respaldo al alcalde —¡unanimidad!, algo no extraño en esa corporación municipal desde el año 1988, cuando comenzó la elección por voto popular de los alcaldes).

Seguramente que son muchas las causas que impiden al Concejo de los palmiranos cumplir con sus deberes y es por ello que me permito hacer algunas sugerencias que podrían contribuir a mejorar el ejercicio de sus obligaciones inherentes:

  • El Concejo necesita ser dotado de recursos para asesoría técnica, financiera y planificadora.

  • No todo alcalde debe llegar al Concejo con su “reformita administrativa” para desmontar la anterior y al final seguir igual. (No olvidemos que recientemente un alcalde, en tres años, gastó $141 mil millones en 2.911 contratos de prestación de servicios).

  • El Concejo debe evaluar al alcalde, Planeación y Hacienda en cuanto a planes, programas y proyectos contenidos en las metas del Plan de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones, discutiendo con indicadores frente a lo programado, ejecutado y ajustado. (El control político debería castigar severamente la ineficiencia).

  • El Concejo no es un amanuense del alcalde, de manera que cualquier proyecto de autorizaciones que pida el alcalde al Concejo se debería concertar en comisión, donde se podría discutir, ajustar y perfeccionar. En la Gaceta Municipal se pueden socializar los acuerdos sancionados, previo conocimiento y aportes hechos por la comunidad (JAL y JAC), con la participación social y empresarial.

  • El Concejo debería exigir al alcalde las políticas de hacienda pública, tomando como referencia estudios de variaciones de tres administraciones anteriores, con indicadores superavitarios o deficitarios, lo cual serviría como insumo para elaborar el “Marco Fiscal de Mediano Plazo” (diez años). Se implantarían igualmente la plusvalía y la valorización (carreteras, parques, vías urbanas, complejos deportivos).

  • Sin dilación, el Concejo debería estudiar con Planeación, Hacienda Municipal, el Consejo Territorial de Planeación, el Comité Cívico Intergremial, comunas y corregimientos el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes zonales: centro y plazas de mercado, Plan de manejo especial del aeropuerto – zonas francas, Parque Científico y Biotecnológico, Centro Logístico, parques industriales, centros de educación universitaria, transporte multimodal vial, férreo, aéreo y fluvial (río Cauca). La política de regalías y proyectos que presente el municipio al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) debería socializarse con el Concejo y el G–11. El transporte urbano e intermunicipal debería articularse con la terminal de pasajeros y el MIO (Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira). La reglamentación de los usos del suelo es indelegable por parte del Concejo y tiene un gran impacto sobre la futura conformación del área metropolitana Cali – Palmira – Yumbo – Jamundí. En su defecto, se crearía la asociación de municipios de Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, articulando planes, programas y proyectos de movilidad, acueductos, corredores viales y férreos, industria, vivienda, recreación, plantas de tratamiento, centrales de abastos y plantas de residuos sólidos.

  • El numeral 9 de las funciones que le corresponden al Concejo es fundamental que se aplique. El numeral dice: “Dictar normas necesarias para el control, la defensa y el patrimonio ecológico y cultural del municipio”. La participación del presupuesto de inversiones en la defensa del patrimonio ecológico es hoy marginal, casi ninguna. Anualmente no supera los cuatro mil millones, cuando el municipio tiene un presupuesto anual de $350 mil millones. El 1% para proteger, preservar, defender y controlar nuestro ambiente sólo produce frustración. ¿Cuánto invirtió el municipio en compra de predios en la cuenca del Nima y Amaime en los últimos diez años? ¿Cuántos distritos de riego por gravedad para pequeños cultivadores ha hecho el municipio en Potrerillo, Calucé, Tenjo, Chontaduro y la Zapata? Y del Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica de Amaime (POMCH) ni hablar. Fuera de los estudios y la planta de generación eléctrica del río Amaime (lindero del Cerrito), el POMCH de la CVC está hoy en hibernación, como lo está la construcción del jarillón del río Cauca entre Juanchito, Caucaseco, La Dolores y La Torre.

Grandes responsabilidades tiene el Concejo de Palmira, además de una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por la elección ilegal del personero, por el cual votaron dieciocho concejales, el único concejal que advirtió la irregularidad y no votó en la sesión fue Miguel Motoa Kuri (Cambio Radical). Si el fallo del Ministerio Público es desfavorable, los concejales involucrados perderían su curul y en su reemplazo entrarían dieciocho nuevos concejales (los segundos en votación en las pasadas elecciones).

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