Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

Una política de competencia limpia en los mercados no es sólo una condición para generar riqueza, sino una necesidad para crear economías de mercado justas y redistributivas.


La sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la multa de $324.000 millones a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios azucareros, dice que el gobierno se toma en serio la competencia. Una economía de mercado necesita contar con reglas de transparencia. Y las investigaciones de la SIC durante cinco años mostraron que estos señores actuaron coordinadamente como un cartel ilegal impidiendo las importaciones de azúcar con bajos costos proveniente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Los empresarios actuaron contra principios de los mercados desde tiempos de Adam Smith. Monopolizaron un producto que terminamos pagando caro los consumidores.

El caso del azúcar, como el de otros productos básicos de consumo familiar (leche, arroz, pañales), revela una práctica perversa con efectos profundos sobre los precios. Y la SIC como el gobierno actuaron correctamente. Primero, para cumplir estándares internacionales, OCDE, y segundo, para proteger condiciones de acceso equitativo a los precios del mercado. La sanción llega tarde, desde luego, pero ejemplariza medidas antimonopólicas que fueron excluidas durante el gobierno Uribe.

Porque fueron miembros de una mentalidad reaccionaria, muchos de ellos nombrados durante la era Uribe, quienes restringieron la capacidad del gobierno para supervisar y limitar prácticas empresariales depredadoras. Las “Super” han descubierto y entablado las denuncias legales en varios casos de conspiraciones para arreglar precios que rebasan las fronteras y que han costado a los consumidores cientos de millones. Atacaron, por ejemplo, las prácticas de precios depredadoras de las aerolíneas grandes que sacaban del mercado a las más económicas, no sólo reduciendo precios, sino aumentando su capacidad (con enormes pérdidas). Cuando las pequeñas empresas salen del mercado, las grandes elevan los precios y recortan de nuevo los servicios. Y así de nuevo.

En este caso, la sanción y las multas impuestas sobre el cartel del azúcar contienen ilustraciones importantes. Destacándose, primero, las ventajas de una competencia leal en sectores claves de la economía. El control y los topes de regulación han sido razonables si le comparamos con las sanciones económicas que se imponen en Europa y los Estados Unidos. El vocero de Asocaña hizo lo que todo capitalista industrial hubiera hecho ante el riesgo de verse con pérdidas, y en general, lo que hicieron los gremios cuando se ven afectados: acudir al gobierno para pedir rescates ocultos que terminan dando techo a los de arriba.

El cartel del azúcar ha demostrado cuanto poder político alcanzó y como la gente en su equipo de relaciones públicas (senadores, alcaldes, columnistas, etc.) logró en su momento éxitos económicos incomparables. No obstante, lo rico para este cartel no necesariamente es bueno para Colombia. Porque los precios altos del azúcar se reflejan en el chocolate diario que consumimos o las gaseosas que toma la gente. Es decir, las buenas ganancias de los ingenios azucareros y una mayor producción de etanol (con la creación del monopolio de la caña) no significa necesariamente mejores políticas públicas.

Véase el caso de municipios como Palmira, Candelaria, Pradera o Cerrito, con alcaldes y secretarios que han desgreñado los recursos destinados por los miserables impuestos que pagan ingenios como Manuelita, Providencia o San Carlos. Así como cuando el alcalde de Pradera se queja porque la multa contra el cartel puede dejar al municipio sin recursos. Lo que tenemos que suponer es los malos manejos de la regla fiscal que han usado con los ingenios azucareros.

El reclamo de que la decisión de la SIC supera competencias del gobierno, demuestra mejor el grado en que los intereses corporativos llegaron a adueñarse de la agenda de gobiernos anteriores. En economías desarrolladas todo Estado tiene el derecho (u obligación) de asegurar la competencia en los mercados dentro de sus fronteras. La SIC simplemente se ajusta a la normativa internacional y las leyes de Colombia. No permitir que intereses corporativos afecten decisiones de política con respecto a los mercados es testimonio de su independencia y el compromiso con la competencia.

Desde que Adam Smith, Ricardo o Marx estimaron el valor de la competencia en los mercados, su preocupación fueron los intereses monopólicos y cómo estos podían atrapar a los gobiernos. Grandes ganancias como las del cartel del azúcar pueden comprar influencias en altas esferas del poder. O bien intervienen sobornando a senadores y representantes mediante la contribución a espaldas de sus campañas. En Estados Unidos aquellos empresarios que resultan afectados por los monopolios tienen derecho a demandar y recibir el triple valor de los daños si ganan en juicio. Digamos que es una muestra de que la legislación debe estar del lado de la gente, al tiempo que evidencia un sano escepticismo sobre los controles reales de los gobiernos.

En Colombia después de la Constitución de 1991, tenemos mecanismos de control adicionales: autoridades independientes sobre la competencia como la SIC, que opera vigilando a otros organismos como el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, FEPA. Fondo que se tragaron los políticos. Los gobiernos deben mostrar reglas de juego limpio que permitan el funcionamiento del mercado. La competencia es la regla de reglas. El peligro contra estas condiciones son empresas corporativas regionales que usan su poder para proteger los intereses privados.

Comenzando los años ochenta los países con poder pronosticaban que las economías en desarrollo de América Latina tenían que abrirse al comercio internacional para asegurar su crecimiento y competencia. Una falacia engañosa. El intercambio con importadores monopólicos contribuyó a transferir recursos del gobierno a las cuentas bancarias de quienes controlaban estos monopolios. Para la muestra un botón, carteles monopólicos como el del azúcar son capaces de comprar y corromper gobiernos locales y regionales. Una política de competencia limpia en los mercados no es sólo una condición para generar riqueza, sino una necesidad para crear economías de mercado justas y redistributivas.

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