Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

El salario de la mayoría ha perdido poder adquisitivo, prácticamente estrecho, mientras que los ingresos del sector financiero y patrimonial crecieron de manera extraordinaria. Los directores del DANE lo saben, pero deben callarlo.


El informe del DANE sobre el desempleo y los porcentajes comparados, 9.0% en septiembre sobre 8.4% durante el mismo mes en 2014, no presenta novedades muy conmovedoras; sin embargo, contiene detalles que nos recuerdan diferencias esenciales. En particular, distribuciones desiguales en los ingresos superiores que contrastan con el estancamiento en el consumo de quienes están abajo. De un lado, salarios, prestaciones y estímulos monetarios de congresistas, magistrados y funcionarios que subieron desde los años 1990, superando a la gran masa salarial; y condiciones de tercerización laboral de una mayoría. Estas brechas salariales tienen impacto psicológico desastroso y amenazan, si la tendencia continúa, con adquirir la importancia que finalmente tuvieron en países como Grecia o España.

Por otro lado, un incremento del salario mínimo que fue ampliamente devorado por el aumento permanente de cargas y retenciones que pesan sobre los ingresos: combustibles, fenómenos climáticos, etcétera. El salario de la mayoría ha perdido poder adquisitivo, prácticamente estrecho, mientras que los ingresos del sector financiero y patrimonial crecieron de manera extraordinaria. Los directores del DANE lo saben, pero deben callarlo.

Obviamente estos datos contienen un mensaje político. Mantener sobre un dígito las noticias sobre el desempleo crea una cortina de humo sobre la distribución de riquezas. Complementa esta crítica el gobierno fiscal. En casos de monopolios empresariales como ingenios azucareros, por ejemplo, las deducciones de impuestos municipales, las transferencias de utilidades por etanol y exenciones al impuesto de gasolina, dan a ingenios como Manuelita, Providencia o al Ingenio San Carlos ganancias significativas. El gobierno Uribe mantuvo esas ventajas con los demás gremios. Y antes del presidente Uribe, casi todos los gobiernos fueron creando condiciones de relativa laxitud con los capitales especulativos.

En materia fiscal los gobiernos favorecieron los salarios e ingresos altos. Durante dos décadas consecutivas redujeron impuestos sobre patrimonios, creando exenciones tributarias como contraprestación a la promesa de creación de empleos que no se cumplió. O no al menos dentro de los niveles esperados. La regla fiscal ha servido para corregir excesos del gasto público, pero ha dejado intactos los impuestos sobre grandes capitales y patrimonios heredados. En cambio las retenciones de ley y el impuesto al valor agregado, siendo medidas regresivas contra el consumo básico, se encuentran lejos de desaparecer. En resumen, los ingresos de la clase media terminaron sustentando un porcentaje elevado de la carga total de impuestos.

Si bien los indicadores del desempleo resultan claros, el DANE ha silenciado detalles curiosos. Mayores ganancias del sector interbancario y financiero que no se reflejan en una mayor generación de empleos directos. De lejos has sido la construcción y las manufacturas quienes han ocupado mano de obra. Los beneficios derivados de las tasas de interés en sistemas de crédito, no se reflejan en la dinámica productiva. Esta realidad se oculta porque los datos tienden a concentrarse en los beneficios brutos, sin tomar en cuenta la devaluación del peso y su impacto sobre la producción y el empleo.

La comisión de expertos nombrada por Santos para la reforma tributaria es clave. En un contexto, como el que tiene la economía, resulta razonable aumentar los impuestos a las ganancias sobre los ingresos más altos. Esto excedentes tributarios sobre las riquezas deberían hacer posible una redistribución que financie la reducción de las cargas sociales que pesan sobre el empleo. Superar las tasas de desempleo debería ser una meta global del gobierno, pero mejorar la calidad del empleo directo es el deseo de la mayoría.

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