Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

Es posible que tras los acuerdos de La Habana la inseguridad tenga manifestaciones más críticas. La violencia es un desafío con múltiples frentes.


Los retos que impone la seguridad después de La Habana deberían estimar un contexto suficientemente amplio. Porque estrecho fue considerar toda violencia como causada por el conflicto armado. Un contexto limitado supone al menos dos tipos de riesgo: (a) rearme progresivo de coaliciones paramilitares y bandas criminales; (b) ocupación territorial de zonas abandonadas de las FARC por el ELN. En ambos casos estamos ante fenómenos de confrontación entre el Estado y formas de violencia pública. Pero este es un enfoque estrecho. Las amenazas a la seguridad son superiores.

Thomas S. Schelling, y mucho antes Tucídides en la Grecia antigua, Maquiavelo en el medioevo y Clausewitz, en el siglo XIX, observaron que muchos problemas de seguridad dependían de enemigos ocultos. En su majestuoso ensayo The Strategy of Conflict, (La estrategia del conflicto, 1962), Schelling juzgó que una mayoría de manifestaciones de violencia no procedía de la confrontación militar, sino de mecanismos de fuerza potencial de enemigos invisibles. De modo que es posible que tras los acuerdos de La Habana la inseguridad tenga manifestaciones más críticas. La violencia es un desafío con múltiples frentes.

Habrá menos seguridad en zonas por fuera de las veredas de desmovilización. Y dado que su geografía está localizada en perímetros rurales, una mayor concentración de riesgos podrán ser ciudades intermedias. Este supuesto es razonable aceptando los indicadores de violencia de Medicina Legal e informes de la Policía Nacional, 1.809 asesinatos relacionados con violencia interpersonal (ajustes de cuentas y riñas) y apenas 546 vinculados con el conflicto. De la misma forma, 322 personas muertas durante atracos y otras 311 muertas por cuenta de la violencia intrafamiliar. En otros 8.807 casos no hubo causa establecida. Estas cifras muestran que el detonante de violencia pública se encuentra por fuera del conflicto convencional.

Estos hechos indican además un debilitamiento de la narrativa ideológica de la violencia. La narrativa es compartida por analistas, historiadores, militares y políticos. Todos comparten un elemento clave: asumir actores unitarios de la violencia, las FARC, los paramilitares, el ELN, el narcotráfico o las bandas criminales. Pero la vasta complejidad de la violencia pública hace imposible reducir tanto a sus agentes principales como las motivaciones que les inducen.

Los desafíos a la seguridad están relacionados entonces con la dispersión de la violencia. La guerra en adelante debe confrontarse al micronivel. Lo que no supone, desde luego, excluir los problemas de territorio, las regiones, los departamentos, los municipios y las veredas. Y es de esperar que el Estado recupere una presencia integral de alcance permanente: construyendo escuelas, servicios de salud, vivienda y fuentes de empleo básico. El asunto en materia de seguridad está vinculado con expresiones de conflicto violento, cuyas causas no dependen de guerrillas ni ejércitos regulares.

Un examen más detallado requiere la especificación de aspectos que circunscriban los espacios potenciales de violencia. Hay dos aspectos claves: la posibilidad de que miembros de las FARC deserten a la parte contraria podría ser elevada dependiendo de los incentivos para mantener la violencia. Otro aspecto es que la contradenuncia o retribución sea motivante como para que algunos desmovilizados quieran prestarse al servicio de paramilitares o bandas criminales. Sin embargo, la deserción y los cambios de bando tienden a ser procesos invisibles. Todo lo anterior refleja una oscura línea de frontera para la inteligencia en seguridad. Y un rasgo esencial del control en zonas de riesgo, a saber: la correlación inversa con la deserción y la denuncia. Mayor control, menor deserción; menor denuncia, mayores grados de impunidad. Los estados potenciales de violencia dependen entonces de controles e incentivos.

Sin embargo, el principal desafío a la seguridad después de La Habana consiste en desmontar las estructuras correlativas al narcotráfico y las organizaciones criminales. Desvertebrar semejante vínculo requiere trabajar sobre las asociaciones consolidadas durante casi un siglo de historia de violencias en Colombia. Un tema que tendremos que abordar en otro momento.

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