Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

La naturaleza clandestina del miliciano sigue siendo una ventaja para las organizaciones ilegales. Mientras el Estado no haga efectiva su presencia institucional y la relativa anomia social persista, existirá un mercado para operaciones ilegales.


La sabiduría convencional nos indujo a pensar que la ilegalidad del narcotráfico, como en general las drogas ilícitas, aumentaba los costos de la oferta como la obtención de la demanda en los mercados. Sabemos que la información no es gratuita, aún en actividades legales cuesta dinero enterar a los compradores potenciales sobre la ubicación, calidad y los precios de un bien o servicio. En el caso del miliciano, la clandestinidad de las redes que controlan armas o drogas ilegales hace que la información resulte más costosa. Los pequeños y medianos negociantes en estos mercados no pueden andar ofreciendo su producto a los cuatro vientos. La propuesta sugerida por la Fiscalía General hace algunos años para promover el principio de oportunidad pudo resolver tantos problemas, como los problemas que ayudó a crear.

Los moralistas se rasgaron entonces las vestiduras, pero los niveles de esta práctica ascendieron en forma preocupante con los gobiernos de Uribe y Santos. Para quienes participaron como informantes con los organismos de inteligencia del Estado, su ambición superó los riesgos asociados. Y el factor motivante de los incentivos o el temor personal han encontrado respuestas contradictorias. Debido a ello, las numerosas redes clandestinas de milicianos después de los años noventa tuvieron que bajar su perfil ante la avalancha de riesgos. Y mientras los Estados Unidos declararon con su doble moral el compromiso contra el narcotráfico, los bajos costos de oportunidad fueron determinando los valores monetarios del negocio entre los carteles de México y Colombia. Por supuesto que en términos tan simples no sucedieron las cosas.

Parafraseando el versículo, diremos que las prácticas ilegales del narcotráfico y drogas asociadas “siempre estarán con nosotros”. Porque aún suponiendo que el principio de oportunidad haya fructificado, también observamos en Medellín un encadenamiento de retaliaciones entre los miembros de estas microempresas de informantes y milicianos. Mientras lograron adaptarse para legalizar el oficio. Lo que no contempló el principio de oportunidad fueron los costos asociados que tendría que pagar el resto de la sociedad. A los colombianos nos tocaría asumir parte de los costos en muertes y nuevas organizaciones del crimen. La relación entre la oferta del miliciano o informante y el precio por realizar sus tareas contra los capos sería proporcional. Mientras las tarifas de rebaja de penas e impunidad subían, más practicantes y falsos testigos estuvieron dispuestos a traicionar. Y asistiríamos a una sobreoferta a bajos costos.

En condiciones semejantes hemos estado hace más de medio siglo. Aunque no demasiado para los potenciales milicianos, sí en la oferta del mercado de desempleados que necesitan ocuparse para sustentar a sus familias. Los oportunistas ilegales siguen proporcionando condiciones de trabajo a precios superiores al salario mínimo. Mientras el costo de oportunidad del miliciano, además de su evaluación subjetiva del riesgo involucrado es menor que los precios que encuentra en la red de informantes.

La naturaleza clandestina del miliciano sigue siendo una ventaja para las organizaciones ilegales. Mientras el Estado no haga efectiva su presencia institucional y la relativa anomia social persista, existirá un mercado para operaciones ilegales. El punto de quiebre plantea un dilema más complejo que el principio de oportunidad. Creadas las condiciones de ventaja para el miliciano o el informante, ¿cuánto tiempo debemos esperar para volver a estabilizar los desequilibrios creados por la ilegalidad? Y ¿con qué argumentos se pueden alegar apoyos a la comunidad internacional contra el narcotráfico?

Por esto las negociaciones con las FARC y el ELN no dan espera. Porque con estos acuerdos la sociedad colombiana está resolviendo la desarticulación de redes de apoyo a los mercados ilegales. La reincorporación de los hombres en armas debe complementarse entonces con la visibilidad pública de los milicianos. Su camino hacia la vida pública requiere espacios de la democracia y participación de sectores hasta ahora marginados.

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