Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

La universidad pública dejó de ser pública. Y su naturaleza de universidad quedó en entredicho después de los años ochenta. Los mercados ilegales y la economía neoliberal lograron destruirla.


Ese entuerto que hoy constituyen las universidades públicas expone a quienes quedan por debajo de sus directivos a un dilema: o trabajan con ellas o contra ellas. En el primer caso las universidades, desde hace tres décadas, dividieron a su población en una tríada: administrativos, académicos y estudiantes. La división es poderosa y sesgada. Los administrativos se convirtieron en entes indispensables porque las universidades se burocratizaron. Una secretaria en función administrativa tiene más poder en la universidad que un PhD egresado de Harvard. La pesada burocracia en las universidades se ha convertido en un mal necesario: abogados, tesoreros, jefes de área, contratistas etc. De modo que un trámite simple se convierte en un complejo viacrucis. Un solo funcionario burócrata puede obstruir un largo proceso de investigación de frontera. Las cómodas locaciones de la burocracia en las universidades contrasta con las miserables condiciones de una mayoría de profesores e investigadores.

Esta inversión en la cadena del ordenamiento tuvo sus consecuencias. Casi todos los rectores políticos se ocuparon de asuntos administrativos, es decir, de engordar la burocracia. Y como es el caso, de posar una política electorera con obras de cemento para mostrar. A los rectores y sus decanos les pareció que obras son amores y no buenas razones. La investigación y las publicaciones en una mayoría de universidades públicas (con pocas excepciones) son deprimentes. Si sumado a este ambiente local sumamos Colciencias y su deplorable situación, entonces podemos estar en el peor de los mundos. Las universidades públicas engordaron al personal administrativo contra la docencia y la investigación. De modo que el profesor y el investigador fueron vistos como unos pobres diablos.

Esa política de burocracias locales fue tolerando una competencia desleal por los recursos, tanto internos como externos. Las facultades se convirtieron en islas y las escuelas y carreras en archipiélagos. Y una política neoliberal fue celebrada entre facultades de ingeniería y disciplinas aplicadas, y comenzaron a obtener ganancias derivadas de consultorías y contratos con el sector privado. Esos directivos, junto a la burocracia administrativa, miraban hacia otro lado. Los estudiantes podían cerrar la universidad, acabar con ella los encapuchados, y eso en nada afectaba los intereses y ganancias de directivos y profesores burócratas. Se buscaba la forma de sacar los contratos del pesado ambiente de paros y cierres. Las universidades públicas aprendieron que podían ser privadas con las ventajas de llamarse públicas.

Lo peor es que decanos y directores de áreas se fueron inclinando ante condiciones semejantes. Un cargo de burócrata se convertía en un mérito académico. Y viceversa. Las escuelas y facultades con menos recursos, con sus caciques, se hicieron a la idea de mendigar el presupuesto para sobrevivir. O bien aprendían de los burócratas como hacer dinero para gastos menores. Y todos los profesores, mientras no se afectara su salario, callaron estos cambios. Mientras que el calvario de una mayoría de aspirantes evolucionaba por dentro. Los programas de pregrado en decadencia, la investigación en retirada. Y las publicaciones en facultades que antes fueron modernas, francamente, quedaban de mandar a la basura. Editores que publicaron libros de infamias y sonetos, obras vulgares que recogieron cartas de rencillas entre profesores. Y todo presentado como resultados de investigación. Una miserable condición premoderna fue progresivamente compartida entre estudiantes y profesores.

La universidad pública dejó de ser pública. Y su naturaleza de universidad quedó en entredicho después de los años ochenta. Los mercados ilegales y la economía neoliberal lograron destruirla. Esas universidades comenzaron a negar las oportunidades de una mayoría de necesitados que querían ingresar a ellas. La estratificación educativa básica y media, excluyente y poderosa, cedió paso ante unas universidades en manos de sectores sociales acomodados, con buenos promedios ICFES y familias con recursos suficientes. Parte de la nueva generación de estudiantes en las universidades públicas ingresa a ellas siendo parte de una economía de comerciantes y mercaderes. Mientras los más pobres y necesitados requieren desde su entrada de auxilios mínimos que dependen de enredados trámites burocráticos.

En tres décadas, el rostro de las universidades públicas ha cambiado. Hoy quienes ordenan su destino son burócratas y directivos que obedecen a una administración napoleónica. Los profesores, los estudiantes y los investigadores cumplen tareas menores en medio de una sociedad que poco podrá esperar de ellas.

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