Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

Lo verdaderamente importante es la independencia que pueda tener el Estado para acompañar soluciones estructurales a las regiones. Las marchas, las protestas, los levantamientos sociales que han emergido, reflejan parcialmente una deuda del Gobierno central.


Una interpretación de las reacciones del Estado y el Gobierno frente a los movimientos sociales emergentes (consultas populares, paros de maestros y jueces o bloqueos como el de Buenaventura) debe superar diagnósticos simples y arrojar claridad sobre el tipo de realidades que se están configurando a nivel regional con el posconflicto. Especialmente por el potencial de riesgo creciente y los costos económicos asociados. Se trata de cambios en zonas que fueron afectadas por la guerra y los negocios del narcotráfico. Territorios históricamente abandonados a su suerte.

Debemos esta preocupación, además, a los métodos empleados por el Gobierno para restringir los alcances de la protesta social. Tal como lo ha hecho el presidente Santos con el bloqueo de Buenaventura y las protestas civiles del Chocó, el paro de maestros y la marcha de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Su manera de aconsejar los riesgos. Hasta el modo de orientarse comunitariamente. Son cosas que sirven para valorar una política de Estado. Y contrastar el debate frente a una simplificación excesiva de los problemas.

Hay tres aspectos en juego: (1) aquello que causa las movilizaciones sociales; (2) el estilo del gobernante para atajar o nombrar mediadores y (3) los hechos regionales que están siendo transformados con el posconflicto. Con respecto a lo primero, conviene tomar en cuenta que la causa de la protesta social en Colombia, pese a los evidentes avances negociados en cada caso, ha sido abandonada en materia de derechos fundamentales. Derechos que corresponden a responsabilidades directas del Estado, como en el caso de la historia de abandono de Buenaventura o el departamento del Chocó.

Son estos incentivos y causas del problema. Como también el reclamo airado por el respeto a la autonomía regional en la forma de defensa de sus territorios bajo amenaza de la explotación irracional de los recursos naturales. Sabemos cómo han querido las multinacionales y los carteles de la minería apropiarse indebidamente de las riquezas del subsuelo. El tema es de riesgos, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de las comunidades. La recordada propuesta de convertir su modelo de protección del inversionista en un mecanismo atenuante a los fallos de la Corte. Hay dilemas que deben superarse con justicia social e inversión pública.

La marcha de los maestros en la capital y sus protestas frente al ministerio de educación no son tampoco un acontecimiento accidental. Ni responden, como han podido defenderlo sus propios líderes, a motivos ideológicos. Tratan de hacer un uso legítimo de la protesta social para manifestar un acumulado de desventajas que han tenido ante un Estado también indiferente. O si les reconoce su labor a los profesores, se le ha dado espaldas al drama de sus ingresos y la persecución y desplazamiento a que se ven sometidos en sus territorios. Estas protestas y movimientos llevan un carácter viral en su estructura política interna. De la que todos deberíamos aprender.

Porque la organización política de las comunidades, como en Buenaventura o el Chocó, dan ejemplo de resistencia civil. Evidenciada en el caso reciente tras los acuerdos con el Gobierno. Y demuestran las comunidades mismas estar preparadas durante la marcha para no permitir el sabotaje que quieran provocar infiltrados del paramilitarismo y la guerrilla del ELN. Si algo debemos hacer, es salvaguardar estas expresiones de protesta legítima de las comunidades.

Lo anterior tiene que ver con el modelo de Estado que se ha construido en Colombia. Aquella entidad que comporta originalmente una expresión casi orgánica de la vida social. Y que compromete unos valores de participación social, bajo el sueño de hacer de un país como Colombia una sociedad menos injusta y más igualitaria en derechos. Una especie de armonía preestablecida. Ese ideal de Estado. Algo mermado en el Plan de Desarrollo (que lo convierte en un artefacto teórico inútil). Se ha venido a menos. Porque, en últimas, resulta difícil mezclar una forma de gobernar sobre lo pequeño con gestos patriarcales y de coyuntura. Son los hechos políticos cotidianos los que invierten el valor del modelo de Estado que ha querido Santos.

En nuestro caso, el Estado es sólo un disfraz que se confunde con los monopolios del poder empresarial. Un Estado bajo el control de un sistema planificador. Por ese motivo de mayor fondo, los maestros se negaron a hacerle caso a las amenazas del presidente sobre no pagar los días “no laborados”. El desencuentro entre un mandatario que se niega a restarle privilegios a los más ricos y en cambio acepta mayores castigos sobre los pobres. Y son los movimientos sociales de abajo, aquellos que comenzarán a dar señales muy claras del resentimiento reprimido por la pobreza, el desempleo y el hambre.

Sólo que estos movimientos quedan mal dibujados por el debate ideológico electoral. En este caso, poco les importará ahora si van por la derecha, el centro, la izquierda. O barbarismos ingeniosos como "centroderecha" o "centroizquierda". Porque lo verdaderamente importante es la independencia que pueda tener el Estado para acompañar soluciones estructurales a las regiones. Las marchas, las protestas, los levantamientos sociales que han emergido, reflejan parcialmente una deuda del Gobierno central, pero además suponen los mayores desafíos de justicia económica del Gobierno central.

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