Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

En Colombia, varias generaciones de jóvenes quedan rezagadas sin poder ingresar a la educación superior. Estimativos numéricos indican que hacia el 2020 sólo ingresarán a las universidades públicas un 7 % de cada generación.


Quien defiende la conservación de la cultura, radicalmente culpable y gastada, se convierte en cómplice; quien la rehúsa, fomenta inmediatamente la barbarie que la cultura ha revelado ser.

Theodor W. Adorno.

El sistema de crédito educativo es perverso. Después de las pensiones y la agonía de la salud, la educación es el tercer servicio público importante que se encuentra en la sala de cuidados intensivos. Y seguimos mirando para otro lado. Comparadas con las universidades de América Latina y el resto del mundo, nuestras universidades en Colombia ven progresivamente deteriorados los niveles de calidad. Si la orgullosa Alemania, inventora del sistema moderno de universidades, está escandalizada por los últimos lugares que ocupan sus estudiantes en conocimientos y competencia, qué se puede decir de los nuestros. La naturaleza del problema de la educación superior es similar al que afecta a todos los servicios públicos: crecimiento enorme de una demanda que el gobierno no quiere ni puede cubrir.

El modelo de privatización

El crédito educativo es perverso. Significa en términos prácticos que a los estratos medios y bajos se les está pidiendo (o se les pedirá pronto) que contribuyan más para cubrir los costos de esos servicios, ya sea a través de impuestos más elevados o de la privatización de las cargas financieras. Las matrículas de la educación superior remedan ahora el modelo de las universidades privadas, una familia que debe cubrir los crecientes cobros por la atención médica ahora debe ajustar más su estrechez empeñando su futuro económico con el fin de preparar a sus miembros para una sociedad desempleada. La implementación del sistema de créditos educativos responde en gran medida a los remedios improvisados que imponen por dentro los gobiernos de turno. Pero no todo se improvisa, leemos en la prensa los acuerdos del gobierno con el FMI y con el Banco Mundial, y algo entendemos. Los ajustes económicos se logran a costa de reducir derechos sociales inalienables.

Es perverso el sistema de crédito educativo. En el caso de la educación superior existe, por supuesto, una alternativa. Ante la falta de fondos suficientes, se puede simplemente dejar que las universidades se deterioren. En Colombia esto es lo que ha venido sucediendo durante las últimas décadas. Los representantes de las universidades con problemas de presupuesto parecen perros amaestrados. Siendo tan obedientes a las políticas económicas de recorte presupuestal, no sustitución de jubilados, control fiscal de gastos, etcétera, son las peores castigadas. Pero se mira para otro lado. ¿Qué se ha ganado con semejante estilo? Nada. Los gobiernos, desde Barco hasta Santos, han deteriorado considerablemente las políticas económicas de la educación superior, alegando los gastos excesivos con la implementación de la Ley 30, le han impuesto a la universidad pública condiciones rampantes de privatización. Hoy cualquier servicio dentro de la universidad pública se paga.

Cobertura versus calidad

El crédito educativo como sistema es perverso. Con la política de cobertura, las universidades están abismalmente frente al peor pasaje de su historia. El imperio es la cantidad, aulas repletas, cursos de 55, 60 o 70 estudiantes, en espacios inadecuados, con falta de iluminación, sin tableros, sin sillas, y en el caso de las ciencias experimentales, sin los equipos necesarios, amontonados grupos, improvisando pruebas de laboratorio. Cantidad es la consigna, hay que oír al presidente Santos con su visión de Tercera Vía llamando a las universidades públicas a convertirse en institutos politécnicos. Y aquí miramos para otro lado. Hay insatisfacción de los estudiantes y muchos profesores experimentan desaliento cuando crecer es la única consigna. No se ha dicho que ya los pobres no ingresan a la educación superior, sólo basta echar una mirada a los parqueaderos y calles de las ciudadelas universitarias para darse cuenta, contando vehículos, que las universidades públicas pertenecen a la clase media. La clase alta prefiere la capital o irse a estudiar por fuera del país. Los pobres, acaso, aspiran a concluir el bachillerato (acelerado o nocturno).

Perversa es la palabra para lo que se llama crédito educativo. La calamidad de aumentar el número de estudiantes universitarios sin un financiamiento público adecuado llevará a la infeliz idea, según la cual, cada estudiante, solito e individualmente, es un endeudado potencial: gaste ahora, que le cobraremos después. Al individualizar el problema el gobierno coge las de Villadiego. O las mismas de Pilatos. Pero todos sabemos que el problema de la economía de la educación universitaria es estructural. Y miramos para otro lado. Para que la educación universitaria recupere los niveles que tenía hace veinte años, se necesitaría una inversión del orden de 36 mil millones de dólares, para hacer equivalentes las relaciones maestros–alumnos y mejorar las condiciones de infraestructura. En menos de una década, los fondos disponibles por estudiante han caído en un 60 %. ¿De dónde van a salir los recursos necesarios?

La fábrica de Chicago

Al llamársele “crédito”, se suaviza el eufemismo de lo perverso. Es claro que la administración Santos tomó más medidas para incrementar los impuestos hasta ahogar a fondo a la clase media, sin el mejoramiento de las clases pobres. El ministro Cárdenas cree que todavía se puede persuadir a los contribuyentes de pagar más IVA sobre más productos para mantener en funcionamiento el sistema de seguridad, los hospitales, las pensiones y la educación superior. Pero esta opción es grandilocuente. No todo cabe con todo. Esta semana para una entrevista de televisión el presidente decía que lo que se ahorraba en el sistema pensional se le daba a la salud y viceversa. Después de semejante demagogia, miremos para otro lado. La verdad, será necesario encontrar alternativas a pesar de que todas golpean a grupos cuyos votos resultan necesarios a los gobiernos para su supervivencia electoral. Con respecto a qué hacer con la educación, al gobierno sólo le interesarán carreras cuyo diseño académico no requiera mayores gastos ni esfuerzos. A las universidades se les convertirá en máquinas de hacer salchichas. ¿Recuerdan la famosa máquina de Chicago? Por un lado entran los cerdos y por el otro marranos embutidos.

Perverso es sinónimo de retorcido, eso es el sistema de crédito educativo. En Colombia, varias generaciones de jóvenes quedan rezagadas sin poder ingresar a la educación superior. Estimativos numéricos indican que hacia el 2020 sólo ingresarán a las universidades públicas un 7 % de cada generación. Que la educación superior masiva llegó para quedarse, no se lo cree nadie. Al paso que vamos la educación universitaria sólo será para una elite económica pudiente. Un debate que deberíamos estar dando, nos coge mirando para otro lado. El crédito educativo significa que se les cobra a los beneficiarios de la educación superior lo que reciben, la formación superior la obtiene cada uno mediante un endeudamiento, así este se encuentre respaldado por la propia universidad. Gaste ahora y pague después. Las propias universidades empeñarán parte de su futuro presupuesto manejando este sistema. Parece color de rosa, pero el modelo es perverso. El Estado elimina su responsabilidad endosándola a la universidad. Es una lección inequívoca de barbarie culta.

Copiar a los gringos

Quedaremos con el crédito sin educación, por esto el sistema es perverso. Todos los métodos ingeniados por los gobiernos para la educación superior en Colombia presentan el mismo fenómeno: la piel de zapa. Todo se va restringiendo al máximo. Una falacia de esta inventiva del crédito educativo, es llegar a creer que por este medio se resuelven en parte los problemas presupuestales de la universidad pública. Los ingresos que se obtengan por este mecanismo son irrisorios. Como irrisorios los ingresos que le llegan a la universidad por parte de los departamentos o regiones. De hecho, también en bancarrota. No se ha dicho tampoco que lo que copia la idea del crédito educativo es el modelo de educación superior estadounidense. Ni más ni menos, pero con sobradas diferencias de contexto. En los Estados Unidos algunas universidades, es cierto, parecen combinar acceso igualitario con excelencia de una forma misteriosa. Pero estamos lejos en nuestro caso. Dentro de condiciones económicas originales de inequidad, resulta casi imposible pensar que el rendimiento académico de un par de estudiantes sea siquiera parecido.

Crédito educativo es el equivalente de mayor déficit de la educación superior pública. El modelo universitario estadounidense no es de dos niveles o de dos clases, sino que tiene una variedad infinita. Allá se pueden dar esos lujos, bastaría comparar el crecimiento de renta por familia mes a mes. Los parámetros financieros de la familia americana son relativamente holgados, se obtienen ingresos económicos de varios de sus miembros. En lo relacionado con la educación tiene pertinencia. En los Estados Unidos las contribuciones públicas y privadas se combinan de muchas maneras. Varias universidades allí cuentan desde hace siglos con el apoyo económico de fundaciones y empresas privadas. Existen universidades públicas con recursos propios para subsanar las inequidades y desigualdades económicas de sus estudiantes.

Por contraste, en Colombia, la propuesta del crédito educativo sugiere condiciones de respaldo laboral por ahora inexistentes. Implica lógicamente que el Estado se libera de la carga presupuestal de la educación superior y se la deja a las universidades. Esto es bueno y malo a la vez. Lo primero porque impone responsabilidades de independencia presupuestal, malo porque estas mismas se volcarán en el mediano plazo contra el desarrollo de las universidades. Visto en lo inmediato, resuelve el problema de ingreso para muchos estudiantes sin los recursos económicos disponibles; en el mediano plazo, significa exonerar al Estado de su responsabilidad con un derecho prioritario de cada colombiano en capacidad de estudiar en una universidad. La estela de esta medida es tener la libertad de admitir a los estudiantes y cobrarles lo necesario. Si bien no es el caso pedirle al Estado que se haga cargo de todos los gastos que requiere la educación superior pública, lo fatal de la medida es que elimina las exigencias mínimas de un derecho social inalienable.

¿Qué viene?

Con el sistema de crédito educativo se cierra un círculo perverso de privatización de la educación pública. Se condena la resolución de un problema estructural de malos manejos con una medida que individualiza la respuesta. El corte económico es propio del afán por convertir a las universidades en talleres de formación media, masificadas, las aulas no darán lugar a una formación de calidad ni profesionales de competencia nacional e internacional, sino seres repetitivos de esquemas de conocimiento vacío, aunque puedan responder como operarios a un mercado y una sociedad hechos a su medida. El problema de las próximas generaciones será demostrar que una lucha dada en el tiempo por la defensa del carácter público de la universidad no quede sometida a los rigores de un sistema económico excluyente y sin la mínima solidaridad humana.

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