Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

La corrupción no se combate sólidamente desde los micrófonos o en las redes sociales, sino desde los códigos penales y aplicando severos castigos a quienes corrompen a la sociedad.


Las falsas causas generan falsas soluciones.

Tiene razón Alejandro Gaviria [1], la corrupción no es la causa de nuestros males, sino la consecuencia de tradiciones amparadas en la doble moral, débiles instituciones y pobres proyectos de vida individual y colectiva.

Desde la historia colonial es posible advertir que Colombia ha tenido una cultura permisiva con el quebrantamiento de las reglas. No es asunto de la clase política, sino una enfermedad difundida en las prácticas cotidianas de los colombianos. Tenemos cadenas del pasado que desatar.

Karl Popper consideraba que hay sociedades que reclaman una ingeniería social profunda. Como en nuestro caso. Presumimos que todo gobernante es corrupto, y esta generalización se convierte en un principio de desconfianza que termina aumentando los potenciales de corrupción. Esta falacia de composición descompone los cimientos de nuestra experiencia social. De algo así surge la división de la culpa que moraliza responsabilidades que corresponden al ciudadano, no al creyente.

Diluir las culpas es propio de tradiciones premodernas. En sociedades avanzadas a los responsables los juzga la ley, no la religión ni la familia. En Colombia las cárceles discriminan entre delincuentes que no tienen cómo pagar sobornos, y cientos de pillos que cuentan con abogados que terminan convenciendo a los jueces sobre la santidad de sus defendidos.

Decía Carl Schmitt que el poder en exceso es causa de corrupción. El riesgo en un país como Colombia es un poder concentrado en pocas manos: un procurador, un contralor, un fiscal, un senado o un presidente. Los medios de opinión han sido el soporte a muchas formas perversas del poder. Sobre todo, los medios a nivel local y regional. Hay municipios en donde periodistas, políticos y terratenientes son de una y la misma familia.

La corrupción no se combate sólidamente desde los micrófonos o en las redes sociales, sino desde los códigos penales y aplicando severos castigos a quienes corrompen a la sociedad. Hay expresiones populares de la corrupción que perjudican con mayor alcance a la sociedad. Y formas menores del delito que se pregonan con demagogia.

El delito de graves daños debería recibir graves penas. Proporcionalidad, se llama a esto. Y el señor fiscal juzga al revés, al considerar como grave falta la siembra de coca por parte del pequeño cultivador, mientras la historia está llena de carteles y mafias que operan en territorios de procesamiento y tráfico de drogas al por mayor. La paz desde los territorios reclama necesariamente darle trabajo y medios de subsistencia a los campesinos.

Una suerte de paradoja. Porque el Estado central ha crecido y con el mismo el orden de la corrupción. Las contradicciones son evidentes, en medio siglo Colombia ha aumentado el tamaño de los poderes corruptos a nivel central mientras cerraba oportunidades a unidades menores de población rural.

Otro fenómeno que profundiza nuestra crisis fue el crecimiento exponencial de la información política mediatizada. Las campañas electorales y los sorteos electorales han estado bajo el tutelaje de promesas incumplidas. La poca seriedad del contrato social de 1991 y su correspondiente aplicación. El exceso demagógico de derechos en manos de abogados y malos jueces.

Todo aquello que ha convertido nuestra vida pública en causa jurídica, nos ha arruinado como sociedad. Otras expresiones de vida social han sido necesarias: artes, ciencias, letras, historia, filosofía, etc. Pero Colombia es un país de pleitos y abogados. De modo que si un vecino quiere la vaca y la mujer de su prójimo, le basta con conseguir a un abogado. La sociedad de ciudadanos es ahora la sociedad de acusadores y acusados.

De modo que los temas centrales en una agenda democrática: equidad, desigualdad, justicia económica o derechos sociales, se ha trasladado a la arena política. Y como la política se ha vuelto asunto de abogados, todos los hechos importantes en la vida pública de los colombianos se han judicializado. Se trata de una trampa hacia la cual nos han llevado los últimos 25 años de vida constitucional, la sociedad de derechos sin servicio a la democracia y la reconstrucción del país.

Referencia:

[1] Diez ideas impopulares. Alejandro Gaviria (octubre 22 de 2017).

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