Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

El recorte del gasto de cuatro billones en 2017 tiene repercusiones en 2018. Los efectos sociales se sentirán en el mercado laboral y en la imposibilidad de generar nuevos empleos.


La decisión por decreto presidencial del recorte del gasto de 4 billones en lo que resta del 2017, tendrá efectos para el año 2018. Santos y el ministro de Hacienda lo justifican debido a la confianza que se les debe dar a las aseguradoras de riesgo. Y amparándose en la regla fiscal. De los 4 billones, el 34.2% corresponde a deuda, el 21.7% al Ministerio de Trabajo y el 6.5% al fondo de Ciencia y Tecnología. En un país que ha desagregado hasta sus extremos el gasto social y la inversión en educación de calidad, estas medidas de choque afectan principalmente a las poblaciones con menos ventajas. Y terminan ampliando más las desigualdades sociales. De modo que la decisión debemos colocarla en contexto.

Desde el punto de vista de política social, Colombia afronta tres prioridades por resolver durante el 2018. La primera tiene que ver, en general, con la política de creación de empleo. Este objetivo confronta dificultades (a) el contexto de la economía internacional con amenazas de tipo monetario procedentes del estilo Trump, y (b) los riesgos geopolíticos y sus efectos sobre el crecimiento. Colombia no tiene mucho margen de maniobra debido a los desajustes fiscales acumulados, con lo que se esperan medidas de austeridad por parte de los gobiernos saliente y entrante. Las repercusiones sobre las tasas de crecimiento seguirán respondiendo a reacciones procíclicas convencionales. Ha sido así desde hace 50 años.

La segunda prioridad relaciona la inversión del gasto social. Aquí las condiciones parecen más críticas dadas estrechas limitaciones presupuestales del gobierno saliente. Santos raspa la olla. Una posibilidad es concebir esta política mediante los subsidios focalizados, con los problemas de manejo que estos subsidios tienen. En un año electoral los programas con subsidios amparados por recursos del Estado van a ser devorados por las clientelas políticas regionales.

La tercera prioridad tiene que ver con programas sociales de carácter excepcional. Más específicamente, con compromisos adquiridos por el proceso de las negociaciones. Hay en este caso dos asuntos importantes, la política de restitución de tierras. Veremos que, a las dificultades presentadas en términos territoriales, se suman los intereses de grupos de presión con sus auxilios presupuestales dirigidos a las campañas locales. Sin embargo, se trata de un tema grueso de política de Estado que busca resolver las causas que evolucionaron con el conflicto violento. Más aún, porque estos compromisos de justicia buscan compensar a las poblaciones rurales directamente afectadas por la guerra. Aquí es necesario recordar que los programas del posconflicto tienen una agenda con tiempos retrasados e incumplimientos.

El segundo asunto excepcional, vincula compromisos del Gobierno con el posconflicto. Tanto en su implementación en los territorios, así como el proceso de reinserción de los militantes de las FARC. Hay elementos de incertidumbre que tienen que ver con que el año 2018 será un año electoral. Y los resultados de gobierno en términos del posconflicto han sido insatisfactorios. Lo sucedido en las zonas veredales de transición, con respecto a la no implementación de proyectos productivos, es crítico. Esta demora en los tiempos ha sido negativa. Ha provocado un éxodo de excombatientes de las FARC hacia sus núcleos familiares, otros se fueron en busca de oportunidades. Pero el riesgo más alto y significativo es que en muchas zonas destinadas para la resocialización de los exguerrilleros, los proyectos productivos no han arrancado.

El cuello de botella del posconflicto es la dispersión estratégica y territorial que van tomando nuevos/viejos agentes de violencia. Y la economía en auge del narcotráfico con ofertas laborales en zonas que fueron la retaguardia de las FARC. Las políticas sociales del Estado tienen por esto una urgente exigencia durante el 2018. Las economías ilegales y los intereses regionales pueden prevalecer mientras no existan serios compromisos del Estado por asegurar oportunidades laborales y seguridad para las poblaciones. Lo sucedido en Tumaco es una señal de alerta. Las muertes de líderes sociales en el Cauca y Nariño pueden ser el nuevo detonante.

De modo que el recorte del gasto de 4 billones en 2017 tiene repercusiones en 2018. Los efectos sociales se sentirán en el mercado laboral y en la imposibilidad de generar nuevos empleos. Y mientras esto sucede, a nivel internacional Colombia seguirá bajo el control de las entidades de crédito. Contando también con una macroeconomía sometida a los efectos de los ajustes entre inflación y crecimiento. Las medidas de gasto limitadas por la regla fiscal obligarán al Gobierno a implementar políticas de mayor austeridad. Con lo que la creación de nuevos empleos quedará en entredicho. Las ciudades seguirán observando informalidad laboral. Y todo esto sin cumplir con las políticas sociales del posconflicto.

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