Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

La reducción de impuestos a las empresas apoyada en una ampliación del empleo y la producción ha sido nefasta. Y sus efectos sobre el crecimiento de la economía han sido insignificantes.


Con la aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos, las propuestas de la derecha serán el modelo a seguir en las campañas electorales de países como Colombia. Germán Vargas, por ejemplo, ha hecho suya la idea de reducir impuestos a las empresas. Y el candidato del uribismo, Iván Duque, ha manifestado que su objetivo no es afectar las grandes rentas ni imponer mayor carga a las empresas inversionistas. Los contrastes entre lo imaginado con la reforma tributaria estructural del año 2016 y sus aplicaciones quedaron para el olvido. En materia de impuestos y gastos, la economía toma un giro hacia la derecha.

En Colombia, las dos caras de la reforma tributaria del año 2016 fueron contradictorias con los cambios esperados. De un lado se incrementó el IVA del 16 al 19 por ciento, gravando el consumo de la canasta familiar y afectando ingresos familiares. Y de otro lado, reduciendo los impuestos a capitales de renta empresariales. Contradictorias, porque el ciclo de reformas recientes no produjo ninguna reforma estructural. Recordemos que Colombia tiene una deuda en gasto público acumulada por más de medio siglo. Contradictorias, porque la carga tributaria del país sigue estando rezagada, los impuestos que pagan los colombianos representan apenas un veinte por ciento de los ingresos.

El 2017 fue el año de implementación de la reforma del año 2016. Con el impuesto sobre el valor agregado, el sistema terminó afectando principalmente al consumidor, reduciendo su capacidad de gasto. Con efectos también globales sobre la demanda agregada y renglones claves de la producción. Los impuestos sobre las grandes rentas quedaron en veremos. Y en el año 2018, con la presión electoral, lo probable es que los compromisos de los candidatos terminen descomponiendo los cambios tributarios progresivos propuestos hasta llegar al año 2022. En síntesis, las reformas tributarias se someten en Colombia a los cambios políticos.

De modo que las campañas presidenciales han comenzado a proponer modificaciones tributarias. Cambios del estilo Trump. Exención de gravámenes altos a las grandes corporaciones y reducción de impuestos a las empresas. El supuesto es que, con menores impuestos, las firmas podrán ampliar oportunidades de empleo y mejorar su producción. Este supuesto tiene, sin embargo, dos problemas en Colombia, a saber: (a) no hay respuesta concluyente a la pregunta sobre el gasto público derivado de los compromisos con la Constitución del 2001. Es decir, estas medidas tributarias van en contravía al Estado Social de Derecho, ¿de dónde saldrán los recursos para cubrir los gastos?

Podría responderse a esta pregunta con medidas tributarias a las grandes ganancias. Personas naturales con ingresos elevados. Y estas medidas, justificadas por la demostrada concentración de rentas que tenemos en Colombia. Sin embargo, los modelos ensayados hasta ahora muestran que los impuestos a las riquezas y las herencias han pasado de agache frente a políticas restrictivas. En el país las grandes rentas, las herencias y los capitales de personas naturales parecen intocables.

La reducción de impuestos a las empresas apoyada en una ampliación del empleo y la producción ha sido nefasta. Y sus efectos sobre el crecimiento de la economía han sido insignificantes. Como lo enseñaba Keynes, las decisiones de inversión del empresario dependen de varios factores: confianza, estabilidad de las leyes, infraestructura, intereses, educación, etc. La simple reducción de impuestos no convierte a un país en destino de inversión.

En síntesis, bajo los antecedentes del año 2017 y las condiciones electorales del año 2018, los cambios en materia tributaria, de llevarse a cabo, terminarían afectando los ingresos de los trabajadores. Es el peor de los escenarios. O bien, estos cambios harán regresivas las políticas fiscales del gasto público y en contravía a los derechos adquiridos desde la Constitución de 1991.

En Colombia seguimos heredando lo peor de los gobiernos de los Estados Unidos.

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