Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

Al reestructurar el modelo de subsidios que ha prevalecido en Colombia desde la Constitución de 1991, es posible que mejore la distribución del ingreso. Asimismo las desigualdades persistentes pueden cambiar.


La entrevista de Yamid Amat al director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Luis Fernando Medina, sobre el régimen de subsidios y pensiones en Colombia, aborda algunos temas de máxima actualidad en la economía. Lo que presento es un resumen con algunos comentarios.

Decíamos que la desigualdad no es la causa, sino una consecuencia de injusticias sociales acumuladas en el tiempo. En Colombia, el caso más ejemplar es el sistema de subsidios. Un mecanismo ideado para reducir las brechas de inequidad y mejorar las condiciones de los más pobres, terminó beneficiando a los ricos. El 70 por ciento del subsidio a pensiones lo recibe el 40 por ciento con ingresos elevados. Es decir, los colombianos con mayores ingresos son buena parte de los beneficiados con los millonarios subsidios. De 72 billones de pesos de aportes del Estado para aliviar la carga de los más pobres, la mayor tajada se la quedan los ricos. Este subsidio equivale al 9 por ciento del PIB, distribuidos entre otros renglones así: 3 por ciento del PIB a educación, pensiones 2,3 por ciento y salud con 1,9 por ciento.

Parcialmente, afirma Medina, el problema de estas desviaciones con los recursos del Estado es falta de información. A nivel territorial, el gobierno central no sabe cuánto es el subsidio y cuánto es el costo administrativo. Además, los destinatarios de los subsidios no son suficientemente claros, en muchos casos, no llegan a quienes más los necesitan. Se agrega a lo anterior la carencia de evaluaciones de impacto. Los gobiernos regionales no tienen instrumentos de medición para saber cómo se manejan los recursos. Esta dispersión de esfuerzos del sector público resulta lamentable. Mientras la información sea insuficiente, los destinatarios sean otros y de careza de un monitoreo específico, los subsidios seguirán siendo una banca del derroche y la corrupción.

El director del DNP ha señalado como respuesta a estos problemas, primero, crear un sistema único de información interoperable para centralizar todos y cada uno de los programas relacionados con el gasto en subsidios; segundo, crear un procedimiento de requisitos mínimos para acceder a los subsidios de modo que lleguen a los más necesitados y, tercero, introducir evaluaciones sobre la efectividad de estas políticas al menos una vez cada cuatro años. De aprobarse el proyecto de ley en este sentido, se resolverían parte de los focos de injusticia en la redistribución del gasto público.

De los subsidios erogados por el Estado anualmente, el más regresivo es el subsidio a las pensiones. Más del 70 por ciento de este subsidio lo recibe el 40 por ciento más rico de la población. El 20 por ciento más pobre únicamente recibe el 4,3 por ciento de los subsidios. ¿Qué es lo que sucede entonces? El problema es saber concretamente a quienes están llegando estos subsidios. Es decir, se trata de un problema de focalización. Dado que las cotizaciones no alcanzan a cubrir la mesada que recibe el jubilado, el Estado entra a subsidiar su pensión. Es el caso de una pensión de salario mínimo, el subsidio anual asciende a 5,1 millones de pesos en promedio; mientras que una pensión superior a los seis salarios mínimos, el subsidio anual es cercano a los 19 millones de pesos. Hay relación de equivalencia, si el subsidio aumenta, aumenta la pensión.

Estos problemas se hacen más graves por la informalidad laboral. En una mayoría de ciudades, los ingresos básicos dependen de sectores informales de la economía. Cuando usted tiene la mitad de la población empleada en sectores informales, no hay forma de ahorrar ni cotizar, y cuando le llegue la edad de retiro, difícilmente se van a pensionar. Colombia está rezagada en materia de formalidad laboral, a pesar de los esfuerzos emprendidos durante los últimos gobiernos.

Algunos analistas han sugerido críticas. Las salidas pasan por tomar decisiones de fondo sobre el gasto público. Se requieren correctivos que descansen en beneficios sobre los menos favorecidos. Entre tales medidas correctivas, el DNP propone reformar el modelo de estrato socioeconómico de vivienda como instrumento para la entrega de subsidios. En realidad, este modelo ha mostrado vacíos considerables. Al contrastar los datos del modelo con el Sisbén, se podrían detectar aquellos beneficiarios de los subsidios que, por sus altos ingresos, deben quedar por fuera del sistema.

Finalmente, al reestructurar el modelo de subsidios que ha prevalecido en Colombia desde la Constitución de 1991, es posible que mejore la distribución del ingreso. Asimismo las desigualdades persistentes pueden cambiar. Con el tiempo, una mejor asignación de los subsidios podrá tener un impacto considerable sobre la desigualdad social y económica.

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