Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Fernando Estrada

Ahora que Riopaila escandaliza al país, debemos recordar que la mayor concentración de agricultura en monocultivo latifundista la tiene el Valle.


Hace cuarenta años recorría el Valle del Cauca al lado de mis padres; desde Ansermanuevo, Restrepo, Andalucía o Buga hasta Potrerillo, la Buitrera, Yumbo, Candelaria o Pradera; no calzaba alpargatas como mi abuelo antioqueño, pero tuve también su alma andariega y aventurera. El Valle era otra cosa. Un paisaje esplendoroso, con sus trapiches paneleros, sus pequeñas haciendas y una variada oferta de alimentos y sembrados, desde maíz, sorgo, soya, algodón o fríjol en la planicie, así como cebolla, papa, y hortalizas cultivadas en las montañas y laderas. Y mucho más atrás en el tiempo, de aquel Valle agrario, contemplado en obras como El Alférez Real de Eustaquio Palacios o La María de Jorge Isaacs, ya no queda ni la sombra.

Hacia el Norte, entre Cartago y Buga, hace cuarenta años escuchamos historias del destierro de numerosas familias desheredadas por la violencia conservadora, buscando refugio entre veredas y municipios como Toro o La Unión; en los 70, los muertos bajaban todavía silenciosos por el río Cauca. El Norte del Valle y la masacre de Trujillo, décadas después nos recordaba que la cadena de matanzas en el Valle estuvo relacionada con las tierras; de hecho, mis abuelos tuvieron que abandonar sus haciendas, sus cultivos, sus ganados y su identidad, para buscarle nuevo rostro a todos los suyos en el Valle del Cauca.

La pequeña y mediana propiedad fue predominante; por entonces nadie pensaba en una economía azucarera de gran escala; el trapiche panelero constituía una industria cuya producción estuvo destinada al consumo local, la caña no representaba un negocio que compitiera de igual a igual con el café en el Viejo Caldas o Antioquia. De la mano de mis padres visitamos trapiches en donde además del aprendizaje mecánico de la producción panelera jugábamos con calabazas y nos entreteníamos comiendo mamoncillos, mientras ellos, los adultos, tomaban café y asaban mazorcas de maíz, para comer con carne de ternera criolla.

Cierto, estaba Manuelita S.A. y el Centro de Agricultura Tropical, CIAT, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Algunos profesionales formados en sus aulas dieron luchas contra el latifundio emergente de la economía azucarera; eso fue durante los años 70 y 80 cuando los cultivos de la caña comenzaron a extenderse; sin costos para los gobiernos locales y sin costos para los nuevos terratenientes; la transición a una economía de capital con inversiones superiores a los ingresos fiscales del departamento, ocurriría durante los años 90. Asocaña, la asociación de productores de la caña, vendría a conformar la unidad empresarial completa de un negocio que actualmente mueve billones de pesos anuales. Como los bancos y el sector financiero, los ingenios azucareros reportan ganancias absolutas.

Estos ingenios azucareros son latifundistas y terratenientes; lo que significa tres cosas: (1) son poseedores absolutos de las mejores tierras productivas del departamento; (2) disponen de los usos de la tierra mediante un monocultivo (la caña) encargado de destruir la variedad agrícola y las propiedades de pequeños cultivadores; (3) comparte el poder político con gobernantes locales y departamentales; tienen una función determinante sobre el ecosistema y el manejo privilegiado de las cuencas hidrográficas. Más aún, si sumamos la economía anual del Valle, ésta no alcanza los ingresos capitales que tienen los ingenios azucareros.

Ahora que Riopaila escandaliza al país, debemos recordar que la mayor concentración de agricultura en monocultivo latifundista la tiene el Valle; aquí los dueños de los ingenios no desplazaron campesinos ni mataron negros, pero fueron apropiándose de pequeñas haciendas y fincas mediante la compra a precios ridículos. El agua es también propiedad de los azucareros asociados con la CVC (una Babilonia corporativa de políticos corruptos); es decir, no sólo alcanzaron el poder sobre la tierra, sino poder económico y poder sobre la gobernabilidad. Manuelita o Providencia, por tomar ejemplos, tienen control de corredores estratégicos para ecosistemas que sirven al 70% de la población urbana del departamento. He sustentado que los ingenios del Valle son como pequeños Estados, "Estados mínimos" en los términos de Nozick.

¿Qué nos enseña el caso Riopaila aplicable al tema de los ingenios del Valle? Primero, el imperio de avaricia que tienen las grandes economías de capitales; poseer tierras no es suficiente, sino también lo que se hace con ellas. En el Valle del Cauca los ingenios azucareros barrieron con toda la variedad agrícola imponiendo sólo caña, con costos directos altos en los municipios, y costos sociales lamentables: Palmira tiene los mayores índices de enfermedades bronquio respiratorias de todo el país. Los promedios de contaminación ambiental derivada de la quema de caña de azúcar, dentro de un rango escalar, sólo son comparables con los de Ciudad de México. Agreguemos que los capitales acumulados por impuestos locales no han sido invertidos en producción y desarrollo regional; antes bien, durante los períodos de gobiernos locales son reducidos por exención y ventajas tributarias intocables.

Segundo, los ingenios azucareros son empresas extractivas; del mismo modo que la minería de exploración industrial en Antioquia o el Chocó; las reservas del ecosistema vallecaucano se han deteriorado; las quemas y una aplicación generalizada de pesticidas químicos terminaron por desertizar la agricultura tropical. Una industria extractiva legalizada que, a diferencia de la minería, no se disputa entre paramilitares y guerrilleros, y que por esto mismo obtiene ganancias absolutas en mercados internos con pretensiones monopólicas para la Región Andina.

Tercero, que ante tradiciones de soborno y extorsión local (alcaldes y concejales, senadores y empresarios), la Corte Constitucional y el Estado deben imponer restricciones motivadas a los ingenios azucareros retrospectivamente, provocando una compensación a las poblaciones afectadas mediante el fomento de la agricultura de pequeños productores con capacidades técnicas y la asistencia correspondiente. Castigando la evasión y condicionando la exención tributaria que tienen estas empresas capitalistas. Sometiendo los ingresos fiscales de los municipios favorecidos por estos impuestos a rigurosos controles y castigos de orden político.

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