Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Notas editoriales Palmiguía

La Fiscalía encontró una serie de irregularidades en diez contratos suscritos durante la administración del exalcalde Ritter López. El monto de los contratos supera los trescientos millones de pesos.


El pasado 25 de julio se conoció que seis exfuncionarios del hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira habían sido detenidos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin el cumplimento previo de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

La Fiscalía 76 Seccional de Cali expidió las órdenes de captura luego de hallar una serie de irregularidades en diez contratos suscritos durante los años 2012 y 2013 por, exactamente, $327.282.488 .

La investigación la inició la Fiscalía por una denuncia instaurada en el año 2014 por la exgerente del hospital, Sandra Patricia Zafra Hernández, quien descubrió algunas inconsistencias en los contratos.

La Fiscalía pudo establecer, con los documentos originales de los contratos de prestación de servicios profesionales y las órdenes de servicio, adjudicados a contratistas, que estos no cumplían con el objeto de los mismos y que estos contratos nunca fueron suscritos por quienes figuraban como adjudicatarios. En las diligencias de interrogatorio, las personas que presuntamente intervenían en los contratos, manifestaron no haber firmado los mismos ni haber laborado para la entidad aludida o en cualquiera de sus sedes o puestos de salud, como tampoco haber ejecutado las obras supuestamente contratadas.

Con base en lo anterior, el ente investigador realizó pruebas manuscritas que luego fueron enviadas junto con los contratos originales al Laboratorio de Documentología y Grafología del CTI Cali, donde los peritos confirmaron que los documentos eran falsos.

Debido a la gravedad de los hechos, es muy probable que la Fiscalía llame a declarar al exalcalde Ritter López.

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En Palmira los actos de corrupción como este no sorprenden. Históricamente, el hospital ha sido una especie de caja menor para algunos políticos locales, una institución donde funciona ese sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios, llamado clientelismo. De manera que la adjudicación fraudulenta de contratos, así como la creación de puestos de trabajo innecesarios, no son más que formas de pagar favores políticos.

Este caso de corrupción es especial debido a lo contradictorio, pues los malos manejos administrativos y la corrupción fueron algunos de los argumentos de Ritter López para solicitar la liquidación del hospital, pero fue precisamente durante su administración y cuando el hospital, en aquel entonces llamado San Vicente de Paúl, se encontraba en proceso de liquidación, cuando dichos contratos fueron suscritos.

Cabe recordar que el 30 de octubre de 2013, el hospital San Vicente de Paul dejó de existir jurídicamente y pasó a llamarse hospital Raúl Orejuela Bueno, desde ese momento, la Fiduciaria La Previsora S. A. asumió el proceso de liquidación de la institución. «”Termina una razón social de un hospital moribundo, con una deuda de más de 16.000 millones de pesos, impagable”, dijo el alcalde Ritter López, quien recordó que desde que asumió había pedido a la Superintendencia de Salud y el ministerio de Salud la intervención». (Liquidan al hospital San Vicente de Paúl en Palmira. El Tiempo. Octubre 31 de 2013).

La liquidación del hospital tuvo un costo de 25.000 millones de pesos que fueron aportados por el gobierno nacional, 3.600 por el departamento y otros 3.000 millones del municipio.

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