Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

Algunos, un poco más pesimistas, habrán de señalar que la dosis utópica de la poesía en materia de derechos radica en su efectividad o su ejercicio. En la realización ilusoria de aquello a que cada derecho faculta sin entorpecimiento, limitación u obstáculo alguno.


A primera vista, ¿cómo es que puede existir relación entre el derecho y la poesía en tiempos en que el primero carece cada vez más de credibilidad y la segunda de verdaderos adeptos? Los incrédulos, con sobrada razón, habrán de pensar que no se trata de otra cosa distinta a querer hallarle la cuadratura a la triangulación de un círculo —si es que eso es posible—. Y, en cierta medida, no se equivocan.

De los poetas se han dicho muchas cosas. Que se trata de auscultadores de almas, desdichados con el corazón herido, en palabras de Kierkegard; hermosos mentirosos necesarios, según Umberto Eco; quienes desvelan el ánima de las cosas, como diría García Márquez; y quizá hasta pequeños dioses, según Vicente Huidobro (en nuestro mito fundador, haber sido hechos a imagen y semejanza suya nos convierte también en cocreadores, ¿o no?).

De los abogados, en cambio, la referencia común suele ser un poco vil y definitivamente menos estética.

Pero, ¿qué hay entonces de la frase aquella que dice del poeta ser el legislador del mundo? Sin pensar en el modelo de legislador colombiano, o sea, el hombre que encarna la contradicción del ejercicio de la función pública para favorecerse en su interés privado; se podría entender, sin dificultad alguna, que en tanto el poeta es el tenedor de la verdad, que resguarda consigo los espacios no revelados del alma humana, puede pronunciarse, con carácter general, al igual que el hacedor de leyes, en la forma más delicada de la norma: el verso. Desde luego, no faltarán las excepciones.

Ahora, pensando de manera contraria, una vez reconocido que el poeta tiene consigo la libertad de configuración legislativa de sus versos, ¿qué decir del legislador en su oficio de poeta? Para responder podemos acudir al libro Poesía y derecho constitucional, en el que conversan el poeta catalán, Héctor López Boffil, y el constitucionalista europeo, Peter Häberle.

Allí, además de hacerse alusión a la participación creadora del poeta A. Mushg en la redacción de los principios de la Constitución Federal suiza de 1999 y del escritor francés Mirabeau en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano —verdaderos escritores que, en un sentido muy amplio, “legislan”-—, también se rescata el valor de la poesía en materia constitucional en dos importantes aspectos.

El primero se relaciona con la introducción en los enunciados de los derechos fundamentales, de expresiones de carácter indeterminado o textura abierta, posible tan solo a través de la poesía. Aclaro, no habremos de encontrar en un derecho fundamental alusiones como “aquella tu alfombra sombría”, “hilo débil de agua” o “infinito eterno de las cosas”, tan propias de poetas como Silva, que no cabrían en una norma jurídica por imaginativa que esta sea.

Las expresiones jurídicas de tipo abierto a que refiere Häberle son las de “dignidad humana”, “familia” o “voluntad general” y que al igual que el lenguaje de los versos, se transforman y se definen tan sólo por su intérprete. No es claro que el legislador actúe en su ejercicio redactor de derechos fundamentales propiamente como un poeta, pero bien se entiende que acude tanto a su mismo potencial creador como su uso de la indeterminación en el sentido.

Lo segundo tiene que ver con el legado emocional de la poesía en materia constitucional. La poesía, al proveer de esa “dosis utópica que orienta el sentido de la realidad constitucional”, apunta al norte que puede no ser el mismo al que se dirige la realidad. Advierte, bajo el empleo de un lenguaje común al pueblo, el camino que lleva al cambio, aunque este se proponga como un gran ideal.

Si el derecho de la salud en la práctica cotidiana es sinónimo de impedimentos, retrasos, ineficiencia, no cobertura, indisponibilidad, inequidad, falta de calidad o maltrato al prestador en salud o al paciente; la poética de su redacción nos invita a creer, aunque sea forzosamente, que debiera ser un verdadero derecho de acceso y cobertura universal, de relaciones entre médico–paciente, en donde los principios que reinan no son los del mercado y en donde la calidad es producto de la bien administrada y no distorsionada justicia distributiva.

Algunos, un poco más pesimistas, habrán de señalar que la dosis utópica de la poesía en materia de derechos radica en su efectividad o su ejercicio. En la realización ilusoria de aquello a que cada derecho faculta sin entorpecimiento, limitación u obstáculo alguno.

Lo que sí es cierto, al menos por ahora y valiéndonos de la rima de Bécquer, es que podrá no haber poetas, bien los del verso o bien los de la norma; pero siempre, aun en contra de todo pronóstico, habrá poesía.

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