Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

La CPI Tiene a su cargo la investigación, enjuiciamiento y sanción de los presuntos máximos responsables por la comisión de los crímenes más graves que remueven la conciencia de la humanidad, y que son específicamente cuatro: crimen de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y de agresión.


El reciente anuncio del cese al fuego y hostilidades de carácter bilateral y definitivo entre las FARC y el Gobierno constituye un valioso avance en la terminación de más de seis décadas de conflicto armado interno en el país, acaso, ¿quién podría negarlo?

Sin embargo, estando próximos a la firma del acuerdo con la negociación final de los puntos acordados (recordemos: (i) política de desarrollo agrario integral, (ii) participación política, (iii) fin del conflicto, (iv) solución al problema de las drogas ilícitas, (v) víctimas e (vi) implementación, verificación y refrendación); se puede decir que persiste la desinformación —y con ella la duda—, por ejemplo, en lo relacionado al marco de la Justicia Transicional que habrá de estar en manos del Tribunal Especial para la Paz y la hipotética intervención en dicho proceso de la Corte Penal Internacional (CPI).

No es un secreto que la CPI sigue de cerca lo que ha sido acordado, especialmente en los puntos (iii) y (v) de la agenda, ni que tenga en la mira a Colombia desde el año 2004 en lo que denomina “examen preliminar”, esto es, el estudio por parte de la Fiscalía de la misma Corte de información acerca de la eventual comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Mucho menos lo es, el supuesto temor de frustración del proceso de paz si llegara dicho Tribunal a decidir la apertura de investigaciones en contra de los miembros negociadores de las FARC por la presunta comisión de crímenes objeto de su competencia.

Específicamente, dos preguntas han sido comúnmente formuladas al respecto:

  1. ¿Podría la CPI llegar a activar su competencia en Colombia mientras se encuentre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz?
  2. ¿Cualquier tipo de sanción a imponer a los presuntos máximos responsables respeta lo contenido en el Estatuto de Roma, o se requiere, por el contrario, del establecimiento de penas privativas de la libertad?

En este espacio y en sucesivas entregas, habremos de despejar cada una en los términos más sencillos posibles, pues bien reza el dicho: “Define —sobre todo, aclara— y no discutiréis”. Esta vez nos detendremos tan solo en la primera de ellas.

Activación de la competencia de la CPI en Colombia

Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma, tratado que creó a la Corte Penal Internacional como primer tribunal en su tipo con proyección global y funcionamiento permanente. Tiene a su cargo la investigación, enjuiciamiento y sanción de los presuntos máximos responsables por la comisión de los crímenes más graves que remueven la conciencia de la humanidad, y que son específicamente cuatro: crimen de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra y de agresión [1].

Tan sólo a partir del 01 de noviembre de 2002, fecha en que entra en vigor para Colombia el Estatuto de Roma, es que puede la CPI ejercer su jurisdicción por la comisión de crímenes de lesa humanidad y genocidio, y desde el 01 de noviembre de 2009, hacerlo en torno a conductas que configuren la comisión de crímenes de guerra (por efecto de una declaración hecha por el Estado colombiano a dicho tratado en la cual, limitaba para su sistema de justicia nacional, la persecución exclusiva de dicho crimen)

Los sujetos que pueden llegar a ser investigados, enjuiciados y eventualmente sancionados por la CPI a partir de los años 2002 y 2009 son aquellos que dentro del territorio nacional hayan cometido, presuntamente, crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, según se aclaró; bien sean colombianos o extranjeros, actores estatales o no estatales, pero nunca menores de edad.

Una precisión resulta importante al respecto. Por la expresión “presuntos máximos responsables”, según la Fiscalía [2] de la propia Corte, no es preciso apuntar tan sólo a los altos mandos al interior de una estructura organizada de poder (piénsese, por ejemplo, en los altos mandos de las FARC que hoy negocian en la mesa de La Habana); sino a todos aquellos que sin importar su jerarquía actuaron en la comisión o tentativa de comisión de alguno de los anteriores crímenes, lo cual podría incluir desde los jefes guerrilleros de frente hasta el más ordinario encargado por el mantenimiento en cautiverio de los secuestrados.

Ahora bien, desde el mes de junio del año 2004 hasta hoy, la Fiscalía de la CPI ha venido adelantando, por iniciativa propia, lo denominado como “examen preliminar” por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado interno en Colombia.

Entre las conclusiones que puede extraer la Fiscalía en el transcurso del “examen preliminar” se encuentran tres, excluyentes cada una de la otra: que no exista mérito suficiente para dar apertura a un caso, como sucedió en el examen preliminar contra Honduras; que exista mérito suficiente para dar apertura a un caso, dando con ello paso a una investigación formal tal y como ha sucedido en la República Democrática del Congo, Kenia y la República Central Africana; o como sucede con Colombia, que no exista todavía mérito suficiente para dar apertura a un caso, no obstante, la información en poder de la Fiscalía obligando a un seguimiento continuo de los hechos objeto de estudio.

Sin querer ahondar más de lo necesario en la amplia serie de consideraciones que permitieron a la Fiscalía extraer tal conclusión para el año 2012, la cual es sostenida en su último informe [3] del año 2015; tan sólo nos detendremos en la que apuntó a la existencia de genuinos procedimientos judiciales en el sistema penal colombiano en los que, efectivamente, se han impuesto sanciones en contra de integrantes de las FARC, ELN, desmovilizados de grupos paramilitares, implicados en el fenómeno de la parapolítica, mandos militares relacionados en el lamentable episodio de los falsos positivos y que han configurado la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Según esto, y en el evento en que los órganos encargados de administrar justicia en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no lleven a cabo genuinos procedimientos judiciales que deriven en la imposición de una sanción, bien sea por:

  • Incapacidad que devenga del colapso total o parcial de este sistema de justicia transicional.
  • Indisposición producto de la mala fe del Estado colombiano sustrayendo a las personas de su responsabilidad penal, demorando de manera injustificada su juicio, o llevando a cabo procesos penales no independientes e imparciales.
  • Inactividad al no iniciar investigaciones contra los presuntos máximos responsables por la comisión de lesa humanidad y de guerra.

Habría entonces de activarse la competencia de la CPI con la apertura de una investigación formal. Apertura de investigación que será posible mientras la persona identificada como presunta responsable (sea integrante de las FARC o agente del Estado) no haya sido enjuiciada por la misma conducta y se mantenga en el “examen preliminar” contra Colombia, la comprobación del criterio de gravedad suficiente sobre los hechos que especialmente se relacionan con los falsos positivos, pues han sido, según se detalla en el informe del año 2015 de la Fiscalía, objeto de su mayor atención y preocupación.

Para que un panorama como el descrito se presente, no sólo habría que dejar actuar al tiempo, pues hasta ahora ni siquiera se ha fijado el reglamento que regirá el funcionamiento de los órganos que integran la JEP que son las Salas de Reconocimiento, de Amnistía y de Revisión de Situación Jurídica y de Sentencias y, por supuesto, el Tribunal Especial para la Paz. Sino también esperar, de manera un tanto pesimista aunque previsiva, que lo pactado en los puntos (iii) y (v) en la negociación de paz no resulte según como se ha proyectado por todos.

Así pues, tenemos una idea, aunque sea amplia, de las condiciones de activación de la competencia de la CPI en Colombia.


Referencia:

[1] El crimen de agresión todavía no ha empezado a ser objeto de competencia de la Corte Penal Internacional pues falta el número de ratificaciones necesarias por los Estados Parte del Estatuto de Roma para que este pueda entrar en vigor.

[2] Ver “Draft Policy Paper on case Selection and Priorisation”, prr. 42. Disponible en www.icc-cpi.int...

[3] Ver “Report on Preliminary Examinations Activities”, años 2012 y 2015. Disponibles en: www.icc-cpi.int...

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