Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

La primera razón por la cual resulta importante no perder de vista lo contenido en el Estatuto de Roma, se relaciona con el deber de los estados, que son parte de este tratado, de ejercer su jurisdicción penal en contra de los responsables de crímenes internacionales.


Recordando la primera entrega que se hiciera días atrás en este mismo espacio titulada Corte Penal Internacional y la expectativa de paz en Colombia en la que se analizaron las condiciones que habrían de activar la competencia de dicho Tribunal al interior del país; seguiremos ahora con la segunda parte que tiene como propósito responder a qué tipo de sanciones habrán de ser impuestas a los presuntos máximos responsables de los más graves crímenes que serán investigados y enjuiciados en la Jurisdicción Especial para la Paz, y qué exigencia al respecto impone particularmente el Estatuto de Roma, del cual hace parte Colombia desde el año 2002.

La primera razón por la cual resulta importante no perder de vista lo contenido en el Estatuto de Roma, se relaciona con el deber de los estados, que son parte de este tratado, de ejercer su jurisdicción penal en contra de los responsables de crímenes internacionales. Deber que, de no ser ejercido por incapacidad, indisposición o imposibilidad podría, dada la fase en la que se encuentra el “examen preliminar” de la Fiscalía de este Tribunal en contra del Estado colombiano, dar paso a la apertura de una investigación formal en contra de los presuntos máximos responsables por los hechos que son objeto de su seguimiento, entre los que se encuentran, por ejemplo, los “Falsos Positivos”.

Tal y como ha sido expresado en diferentes ocasiones por los jefes negociadores del Gobierno y las FARC, aquel es un escenario que quisieron evitar a toda costa en el marco de los acuerdos de paz que se negocian en La Habana (Cuba), de ahí que haya sido acordado un punto en la agenda de negociaciones conocido como Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La segunda razón se deriva de las finalidades atribuidas a la JEP teniendo que “administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, pues estas últimas —las graves infracciones al DIH— se encuentran recogidas en el Artículo 8 del Estatuto de Roma que se refiere al crimen de guerra en contextos de conflicto armado (internacional y no internacional).

Dicho esto, el panorama de sanciones a imponer en el marco de esta JEP, según lo negociado hasta ahora, puede clasificarse de la siguiente manera:

Entre quienes reconozcan su responsabilidad por los más graves crímenes Entre quienes no reconozcan su responsabilidad por los más graves crímenes (y sean declarados culpables en la JEP)
De manera temprana De manera tardía
Restricción efectiva de la libertad entre 5 a 8 años. Entre 5 a 8 años. Hasta 20 años.
Bajo un régimen especial de cumplimiento, sometido a vigilancia y control que permita cierta flexibilidad en el desarrollo de funciones reparadoras y restaurativas. Penas privativas de la libertad bajo el régimen ordinario carcelario / de reclusión.
Fuente: Elaboración propia según información sobre la Jurisdicción Especial para la Paz proveniente del Ministerio de Justicia y del Derecho [1].

De acuerdo con el anterior gráfico, ¿qué entender por régimen especial de cumplimiento y cuáles serán sus condiciones?; ¿en qué zonas, bajo qué mecanismos, y qué entidades habrán de implementarlo?; ¿qué pasará, por ejemplo, con los futuros condenados bajo la JEP que sean sometidos al régimen ordinario de reclusión y la condición actual de hacinamiento carcelario en el país?; ¿compartirán acaso los mismos centros carcelarios quienes sean condenados por la JEP con penas privativas de la libertad bajo el régimen ordinario de reclusión?

Todas estas particularidades no han sido todavía objeto de desarrollo al interior de los acuerdos en la negociación de paz en La Habana —y dudamos, en verdad, se discuta algo en torno al hacinamiento como factor problemático en el cumplimiento de una pena privativa de la libertad efectiva—, por tanto, se trata de preguntas todavía sin respuesta.

Lo cierto, en lo que va del acuerdo logrado entre los negociadores, nada se ha dicho sobre la creación de “zonas rurales” en las cuales vaya a tener lugar el cumplimiento de la restricción efectiva de la libertad. Tampoco sobre las “actividades de cultivo” en que ocupen su tiempo quienes acepten de manera temprana su responsabilidad, mucho menos algo relacionado con “granjas”, “fincas” y sus derivados, como formas de concreción de ese régimen especial de cumplimiento.

Lo que sí podemos preguntarnos es si el Estatuto de Roma fija algún tipo de sanción o pena [2] que deban ser impuestas por los estados en el ejercicio de su deber de someter a su jurisdicción penal a los responsables de los más graves crímenes. En otras palabras, si necesariamente el régimen especial de cumplimiento, cuyos términos específicos se desconocen, debiera ser entendido como sinónimo de eventual reclusión intramural, o similares.

Al respecto, luego de una revisión integral del Estatuto de Roma, los Elementos de los Crímenes y Reglas de Procedimiento y Prueba que en su conjunto son empleados en materia de investigación y juzgamiento de un caso ante la Corte Penal Internacional, nada apunta a que los estados deban imponer, en el ejercicio de dicho deber, un tipo de pena o sanción específica.

Ni siquiera al respecto se refieren los “Principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto [de Roma] y por las sentencias del Tribunal de Nüremberg” [3], que terminan siendo directivas de interpretación del primero.

Así, por ejemplo, el Principio I expresamente señala : “Toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción”. Tal principio no se refiere a la naturaleza de la sanción ni sus condiciones, pues se entiende que tal determinación se encuentra bajo las regulaciones específicas que el derecho nacional de los estados tenga a bien contemplar.

El preámbulo del Estatuto de Roma señala por su parte: “Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional (...) para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Allí mismo no se hace alusión alguna a lo que se considera como un verdadero castigo ni cuáles habrán de ser sus términos, pues, de nuevo, tal aspecto compete ser establecido por cada uno de los Estados Parte.

Ni siquiera las condiciones de admisibilidad (entre las que se encuentran la incapacidad, imposibilidad a inactividad del Estado a las cuales hicimos alusión en la nota anterior) de una situación, como una susceptible de apertura de investigación formal ante este Tribunal, se refieren en términos de imposición de una pena o sanción en específico.

Hasta ahora entonces no podemos afirmar que este tratado obligue a que el Estado colombiano deba considerar, en exclusivo, en lo que será el régimen especial de cumplimiento de la restricción efectiva de la libertad, alguna condición de reclusión intramural u otras parecidas, por lo que de contera no estaría infringiendo hasta el momento ningún deber internacional en esta materia, según el Tratado de Roma.

Lo que sí resulta claro, tal y como ha sido expresado en el “examen preliminar” que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su más reciente informe del año 2015, es que, para que pueda entenderse que Colombia ha cumplido con la obligación que tiene a su cargo de someter a su jurisdicción penal a los responsables graves crímenes, deberá no sólo adelantar procedimientos judiciales genuinos, sino también atribuir sanciones efectivas. Efectividad que ha entenderse nada más que en términos de total cumplimiento.


Referencia:

[1] Consultable en www.minjusticia.gov.co/...

[2] No se desconoce en esta nota la diferencia entre sanción y pena al interior de la dogmática penal nacional, sin embargo, en el plano penal internacional, los instrumentos que aluden a una sanción, pena o castigo acuden a tal terminología de manera indistinta, por lo que así mismo han sido empleadas en este escrito.

[3] Aprobados por la Comisión Internacional de las Naciones Unidas en 1950.

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