Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

Según el texto del Nuevo Acuerdo, se pactó la sanción de alrededor de veinticinco proyectos de ley y acto legislativo y un número indeterminado de decretos con fuerza de ley a cargo del presidente de la república.


Tras la Refrendación del Nuevo Acuerdo de Paz por el Congreso Nacional el día 29 de noviembre del año pasado, se dio inicio formalmente el término que regiría la implementación de lo allí pactado. Habiendo superado los primeros cien días del acto de refrendación, hacemos un balance sobre los avances dados en materia de implementación legislativa hasta el momento.

Según el texto del Nuevo Acuerdo, se pactó la sanción de alrededor de veinticinco proyectos de ley y acto legislativo (ver punto 6.1.9 versión del 24 de noviembre), y un número indeterminado de decretos con fuerza de ley a cargo del presidente de la república.

El primer acto legislativo que allanó este camino de implementación normativa, fue el 01 de 2016 que introdujo el procedimiento especial para la paz, fast track, que redujo a la mitad el número de debates necesarios en el Congreso para lograr la aprobación legislativa de cada proyecto; y concedió facultades legislativas especiales al presidente de la república para la expedición de aquellos decretos con fuerza de ley que aseguren y faciliten el desarrollo y la aplicabilidad del Acuerdo Final.

a. Implementación normativa

A través del fast track, cuyo término empezó a correr oficialmente el día 15 de diciembre del 2016 y que se extenderá hasta el mes de junio de este año aproximadamente (seis meses como término inicial), han cursado los siguientes proyectos:

Proyecto (de Acto Legislativo y de Ley) Pendiente En vigencia
Debate legislativo Sanción presidencial
Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 Senado, por medio del cual se da estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final Segundo debate en Cámara.    
Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2017 Senado, Acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2016 Cámara, por medio del cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (incluye JEP)   X  
Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2017 Senado, sobre reincorporación política Primer debate en Senado.    
Proyecto de Acto Legislativo 010 de 2017, sobre el Sistema General de Regalías Apenas presentado el 22 de marzo, sin ponencia para primer debate.    
Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2017, sobre el Sistema de Partidos Políticos Apenas presentado el 23 de marzo, sin ponencia para primer debate.    
Proyecto de ley 01 de 2016 Senado, sobre amnistía indulto y tratamientos penales especiales     Ley 1820 de 2017
Proyecto de Ley orgánica 02 de 2016 Senado, que designa tres voceros del futuro movimiento político del grupo FARC-EP para Cámara y Senado     Ley 1830 de 2017
Proyecto de Ley 03 de 2017, Estatuto de la Oposición y derechos de agrupaciones políticas independientes Segundo debate en Senado    
Proyecto de Ley 08 de 2017, sobre innovación agropecuaria Apenas presentado el 01 de marzo, sin ponencia para primer debate    
Proyecto de Ley 09 de 2017, sobre adecuación de tierras Apenas presentado el 01 de marzo, sin ponencia para primer debate    

Se encuentran aún pendientes por presentar:

  1. Las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

  2. El proyecto de ley o de acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales.

  3. Acto legislativo de prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

  4. Acto legislativo sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Convivencia y la No Repetición.

  5. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos no relacionados con los cultivos de uso ilícito.

  6. Ley de suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC–EP o personas acusadas de serlo o colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición.

  7. Ley del Estatuto Jurídico civil de todos los integrantes de las FARC–EP.

  8. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

  9. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones.

Esto tratándose de los primeros seis meses de transcurrida la refrendación del Nuevo Acuerdo.

Por un período máximo de doce meses, a partir de esta misma fecha, deberán ser tramitados alrededor de unos catorce proyectos de ley y acto legislativo, también bajo el procedimiento especial legislativo, considerando que el mismo deberá para este fin ser prorrogado por otros seis meses adicionales.

Así las cosas, y visto en perspectiva el avance de la implementación normativa del Nuevo Acuerdo de paz, es apenas lógico cuestionar la efectividad del trámite denominado fast track, cuando, entre un total de seis proyectos presentados a la fecha, apenas dos se han convertido en ley de la república y uno más se encuentra listo para sanción presidencial; cuatro aún no cuentan con proyecto de ponencia para primer debate, y del resto se desconoce aún su fecha de presentación.

¿Cuál habrá de ser el panorama ahora que el Congreso ha iniciado el pasado 16 de marzo sus sesiones legislativas ordinarias? Seguirán dando prioridad en la agenda del día a los proyectos de la paz, pero deberán asimismo evacuar un listado de treinta o cuarenta proyectos que suelen figurar normalmente en el orden del día en cada comisión y un mismo número en plenaria.

Haciendo cuentas con optimismo, tendríamos que para la finalización del fast track, aún con la previsión de su prórroga, se habrán tramitado al menos unos diez proyectos de ley y acto legislativo de un total de veinticinco proyectos que constituyen el grueso de reformas normativas para cumplir con el punto 6.1.9 de implementación del Nuevo Acuerdo.

La pregunta es ¿qué pasará entonces al llegar la fecha de finalización del fast track y tener a medias el desarrollo de uno de los pilares del acuerdo que constituyen la garantía de su ejecución?

Retrasos en la parte logística relacionados con la adecuación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización han llevado a sugerir a los miembros del exgrupo FARC–EP la prórroga hasta por un año más, ¿será este el mismo camino que tome la articulación normativa del acuerdo por un tercer período adicional?

b. Decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente de la república

En ejercicio de las facultades legislativas conferidas al presidente de la república por virtud del Acto Legislativo 01 de 2016, artículo 02, han sido expedidos los siguientes decretos con fuerza de ley:

  1. Decreto 121 del 26 de enero de 2017, que regula el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos, leyes estatutarias y decretos con fuerza de ley expedidos en el marco del Acto Legislativo 01 de 2016.

  2. Decreto 061 del 16 de enero de 2017, por el cual se designan los representantes del Gobierno Nacional ante el Consejo Nacional de Reincorporación.

  3. Decreto 062 del 16 de enero de 2017, por el cual se designan los representantes del Gobierno Nacional ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.

  4. Decreto 277 del 17 de febrero de 2017, procedimiento para la efectiva implementación de la ley de amnistía.

  5. Decreto 249 del 14 de febrero de 2017, por el cual se regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos.

  6. Decreto 587 del 05 de abril de 2017, por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

  7. Decreto 588 del 05 de abril de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.

  8. Decreto 589 del 05 de abril de 2017, por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Sin embargo, uno de los tropiezos más notorios con el desarrollo normativo tiene que ver, principalmente, con su operatividad.

Así, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de amnistía se encuentra hoy en veremos dada la congestión en que se encuentran los Juzgados de Ejecución de Penas, pues las peticiones individuales para concesión de amnistía superan al menos las mil.

Concesión que, debemos decir, no es automática, pues deben considerar los jueces al detalle los hechos que relacionan al posible beneficiario o beneficiaria, de no haber sido condenado por su pertenencia al grupo FARC–EP, o la conexidad de los delitos cuando la condena no fue impuesta propiamente por la comisión de aquellos de tipo político. Aunado a ello, los jueces encargados alegan no tener el suficiente presupuesto ni personal para resolver a tiempo cada petición, cuyo término no puede exceder los diez días.

Así pues, al día de hoy y según un informe de la Misión de la ONU en Colombia, con fecha del 24 de marzo, tan sólo 77 amnistías individuales han sido concedidas de mil solicitudes en total.

Otra es la situación tratándose de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo acondicionamiento logístico en el tiempo también está presentando retrasos, pues no se satisface su implementación a través del acto de sanción presidencial los próximos días, sino que requerirá, como es lógico, el desarrollo de su procedimiento, el nombramiento de sus magistrados, la conformación de los equipos de estos y la expedición de su propio manual, todo esto ¿cuánto tiempo tomará?, ¿meses, semanas?

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