Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

La dejación de armas deja un sinsabor extraño. Los compromisos en materia de amnistías, indultos, concentración, liberación condicional y dejación de armas han sido implementados y cumplidos progresivamente a pesar de los tropiezos y demoras, pero las víctimas siguen a la espera de justicia, verdad y reparación.


El 27 de junio en Colombia marcará para siempre en la historia del país un punto irreversible en el actual proceso de posconflicto, pues el grupo FARC–EP, luego de más de cinco décadas de confrontación violenta, entregó las armas con las que cientos de colombianos perdieron la vida.

La entrega de las 7.132 armas se oficializó gracias a la gestión de la Misión de la ONU en Colombia, luego de que fueran superadas las etapas de identificación, registro, recolección y almacenamiento en los contenedores que permanecen ubicados todavía en las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, según así se pactó en el Nuevo Acuerdo de Paz.

Las únicas dos fases que restan de la dejación de armas son las de extracción del armamento y su disposición final en tres monumentos. Pistolas, escopetas y fusiles serán, en adelante, armas de creación masiva como esta de la imagen, producto del ingenio del artista plástico colombiano, Felipe Ruiz.

La dejación de armas, no obstante, deja un sinsabor extraño. Los compromisos en materia de amnistías, indultos, concentración, liberación condicional y dejación de armas han sido implementados y cumplidos progresivamente a pesar de los tropiezos y demoras, pero las víctimas siguen a la espera de justicia, verdad y reparación.

La jurisdicción especial para la paz, JEP, sigue en veremos. Su reglamentación esperada para el primer semestre de este año, en el que se cumplieron los 180 días iniciales del fast track (que deberá ser extendido por un plazo igual), no recibió trámite en el Congreso. El proyecto radicado por el Gobierno fue retirado poco antes de la finalización de este primer período legislativo, ya que podía exponerse a su archivo posterior, ¿no es esto una muestra de grave negligencia del Gobierno que le incumple a las víctimas y a la par delega a la jurisdicción ordinaria, en ausencia de reglamentación y operatividad funcional de la JEP, las decisiones que debería estar tomando en este momento el Tribunal Especial de Paz?

Las demoras del Gobierno en la radicación de la totalidad de los proyectos que restan de los 25 originalmente pactados, están exponiendo gravemente los logros alcanzados hasta ahora a serios cuestionamientos por los colectivos de víctimas que, se dijo, constituían el punto central del acuerdo, ¿qué hay de su invisibilidad en la práctica?

Qué decir de los asesinatos de líderes sociales. Seguido a la dejación de armas, se espera llevar a cabo la fase de reincorporación política, económica y social de los integrantes de las FARC–EP. ¿Existen garantías de protección para la vida de quienes, dejando las armas, se dediquen a la movilización política o elijan convertirse en defensores de derechos humanos, etcétera? Esto por un lado, por el otro, preocupa, respecto de este mismo hecho, la negación de la sistematicidad de los asesinatos por parte del propio Gobierno y la Fiscalía General de la Nación. Sin seguridad ni protección de quienes alzan su voz por las víctimas, se hace impensable, al menos en parte, el mantenimiento prolongado de la anhelada paz.

El panorama de la paz y el posconflicto requieren de una mirada mucho más global, que no desprecie los logros que, aunque significativos, no son integrales. Nada de lo que suceda puede cegarnos ante los vacíos y fallas que pueden opacar la legitimidad que con el tiempo ha ido logrando el Nuevo Acuerdo de Paz.

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