Palmira, Valle del Cauca, Colombia

Tribuna de opinión

Las decisiones sobre temas públicos y específicamente en lo que toca con el territorio, nos afectan a todos y, por lo tanto, deben resolverse en consejos de gobierno locales, entre autoridades con participación ciudadana, y no en espacios privados.


Inicia el 2014 con una gran expectativa acerca de los Proyectos y Macroproyectos de Infraestructura que han estado represados, la mayoría, durante décadas. El país comprobará que valió la pena esperar que la "casa se pusiera en orden", antes de continuar lanzando a diestra y siniestra propuestas de obras que no tenían ni pies ni cabeza, impulsadas por populismo antes que con visión futurista. La era de la "Contratación al postor más barato" quedó atrás. Las obras contratadas con presupuestos amañados, sin cantidades definidas, sin consultas previas, sin datos de predios a intervenir, sin tiempos definidos de entrega, sin financiación asegurada, contratadas con la cédula, sin garantías técnicas ni legales, entre otras muchas "indelicadezas", esa era, no volverá. Pasará a la historia el ingeniero Germán Cardona, primer Ministro de Transporte del Gobierno Santos, quien advirtió al inicio del mandato, que durante los dos primeros años de la nueva administración, no se iniciarían Proyectos que no estuvieran "debidamente estructurados".

También quedó atrás la selección amañada de Proyectos, que por el "interés superior de la Patria", beneficiaban en un "juego sutil a tres bandas" a puntos específicos de la geografía nacional, con la intención soterrada de parecer incluyentes en la selección de sus llamativas denominaciones, a saber: "Transversal del Caribe", la "Ruta del Sol", la "Doble Calzada Buenaventura", el "Túnel de La Línea–Bogotá", entre otros; mientras realmente se excluían sus posibilidades manipulando tiempos, recursos, estudios, asignaciones presupuestales. No es que estos Macroproyectos no sean importantes. Es que en su presentación y desarrollo, en su oportunidad, en su costo–beneficio, en la priorización de la inversión jugaron intereses mezquinos. De estos tres Proyectos el peor librado fue, y lo seguirá siendo, la ruta Buenaventura–Bogotá. El principal Puerto de Colombia, por donde siempre se ha movilizado más del 50% de la carga del país, requería por lo menos, en igualdad de condiciones, iniciar cuanto antes el mejoramiento de su conectividad vial. Tuvo que ocurrir la tragedia de los 32 muertos por los derrumbes en Bendiciones, entre Buenaventura y Loboguerrero, en Abril del 2006, a cuatro meses de finalizar el primer mandato del gobierno del presidente Uribe, para que anunciara el inicio de la Doble Calzada de Competitividad prometida. Aún así, ésta solo se inició en el 2008, a mitad de su segundo mandato... Y empezó mal. No se contrataron del kilómetro cero al quince, partiendo de Buenaventura, ni los ocho kilómetros del tramo Mediacanoa–Buga... Más importante aún... Las familias damnificadas a las que se les prometió reubicarlas a más tardar en Noviembre del mismo 2006, vieron pasar el cambio de gobierno en el 2010 sin solución. Como tampoco hubo solución, a propósito de Buenaventura, para sus otros proyectos: el Dragado de la Bahía, la Ampliación Portuaria, el Puerto de Aguadulce, el Delta del rio Dagua y el Puerto de Aguas Profundas de Bahía Málaga. Para ninguno de estos Proyectos se asignaron recursos oportunamente pero, curiosamente, había recursos para el Puerto de Aguas Profundas de Tribugá, en el Chocó.

Nadie se opone porque sí a este Puerto, que beneficiará en el futuro a Antioquia y al país. Pero privilegiar un proyecto de puerto que nace de cero, a un puerto que arrastra siglos de abandono estatal, no tiene presentación. Hasta última hora del gobierno Uribe, se dio el mano a mano entre Bahía Málaga y Tribugá, principalmente por el tema ambiental como excusa. Se resolvió finalmente que como Reserva Natural Ambiental de Colombia, el Puerto de Aguas Profundas en Bahía Málaga era un imposible, pero no se dijo que Tribugá figura como Patrimonio Ambiental de la Humanidad... Mientras tanto, en el diario El País, el 9 de Marzo del 2009, en la página dos, sección Activos, se anunciaba: "(...) si se cumple con el cronograma la licencia ambiental sería aprobada a mitad de este año. (...) Lo que sí tienen en el bolsillo es la resolución que aprueba la solicitud de concesión que entregó el Instituto Nacional de Concesiones, Inco". ¡Tribugá con concesionario, pero sin licencia ambiental!

Cabe recordar que el Ministerio del Medio Ambiente, por efecto de las "fusiones" ministeriales que se dieron por el famoso "interés supremo", terminó otorgando "licencias" para ciertos proyectos de dudosa procedencia. Licencias que al gobierno Santos, una vez recuperado el Ministerio del Medio Ambiente como verdadera autoridad en la materia y no como "ventanilla siniestra", le han ocasionado más de un dolor de cabeza para poner en marcha los Proyectos y Macroproyectos, que con la nueva Ley de Regalías y las Asociaciones Público Privadas, permitirán que el Estado por fin llegue y haga presencia en todos los rincones de la patria.

Es lógico que cada mandatario quiera aprovechar su período para impulsar obras que dejen en sus regiones constancia de su paso por el poder. Lo han hecho desde presidentes hasta alcaldes de los sitios más apartados. Pero utilizar el poder para privilegiar una región o un proyecto en franco perjuicio de otra u otros, sobre todo cuando los recursos son escasos y desde la más alta investidura del poder, es infame. Editorialistas y columnistas de distintos medios así lo registraron en su momento.

Con la casa en orden, con la certeza de contar con Proyectos debidamente "estructurados", con recursos disponibles a partir de la Ley de Regalías, con iniciativas en todas las localidades, cuyo impulso y gestión serán responsabilidad de sus administradores y comunidades participantes, con opciones de financiación amplias y garantías legales y técnicas, a partir de las Asociaciones APP, entre otras nuevas realidades, basta definir lo más importante: la visión del país...

¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el norte? ¿Quién ordena, quién planea, quién responde? ¿Seguiremos al amaño de los gobiernos de turno en todos los niveles? ¿Puede un programa de gobierno de un candidato, avalado por los votos a veces de dudosa procedencia, convertido en Plan de Desarrollo, pasarse por la faja, variar, desvirtuar o inclusive invisibilizar iniciativas surgidas del diario vivir de las comunidades que tienen claro lo que necesitan para mejorar su calidad de vida, para hacer realidad su plan de vida? ¿Está en capacidad el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el no menos rimbombante Sistema Nacional de Planeación (SINA), con el beneplácito de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) Departamentales y Municipales de guiar con acierto el futuro del país en este preciso momento en que pareciera que despertamos de un largo letargo, producto de las luchas partidistas, las peleas burocráticas, los afanes populistas, las distintas violencias, el narcotráfico?

El DNP parece que lo que menos hace es planear. Para muestra, lo expuesto. El SINA no opera como sistema. Los CTP están a merced de los mandatarios locales. Son órganos consultivos, si mucho, mientras cumplen lo de Ley frente a los Planes de Desarrollo Departamentales (PDD) y Municipales (PDM) y su relación con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) respectivos. Una vez cumplida su misión en los primeros meses de mandato de los gobiernos de turno, difícilmente serán convocados a la etapa de seguimiento y control posterior en los tres años y medio restantes.

¿Quién responde entonces por la Planeación Municipal, Departamental y Nacional? ¿En manos de quién está el delicado propósito de planear y ordenar el territorio nacional? Tan gran responsabilidad reside por delegación del mismo Estado en las curadurías municipales. Nadie duda de la capacidad, conocimientos, profesionalismo, honestidad e integridad de quienes han sido designados para tan alto menester. Pero el Estado no puede delegar tan absoluto poder y responsabilidad en un particular que dirige un equipo, a su vez de particulares, bajo su autoridad y dependencia económica. Las decisiones sobre temas públicos y específicamente en lo que toca con el territorio, nos afectan a todos y cada uno de los ciudadanos. Deben resolverse en consejos de gobierno locales, entre autoridades con participación ciudadana, y no en espacios privados en donde se puede facilitar la búsqueda del esguince a la Ley, en beneficio propio o de terceros.

Lo expuesto hasta aquí, con situaciones reales y dolorosas, que invitan al desgano y a despotricar del Estado como salida recurrente a nuestras desdichas ciudadanas, nos debe conducir a aceptar lo que todos sabemos en referencia a la gestión y el ejercicio de la Planeación del Territorio. Que se requiere ya, con urgencia, una Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Así lo consigna el Arquitecto Edgar Revéiz Roldán en su libro El Estado estratega para el ordenamiento territorial. Señala el autor en la introducción: "El sueño del Ordenamiento Territorial (OT) como lucha emergente y sin cuartel entre grupos de intereses legales e ilegales, se ha convertido en un conjunto de miles de proyectos macro, meso y micro de empresas que colisionan en desorden como piezas de un juego lego, que se ensamblan en teoría mediante el influjo magnético de un poder automático, la mano invisible".

Como si fuera poco, aquí tenemos leyes a profusión, normas, autoridades para todo en relación con el desarrollo urbano... ¿y para el desarrollo rural qué? Seguro se aprueba primero la ya devuelta Ley de Desarrollo Rural, antes de que se establezca la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, sugerida desde mediados del siglo pasado.


Rodrigo A. Ramírez es arquitecto, consejero CTP Palmira, delegado de Municipios CTP Valle del Cauca y consultor Conexión Pacífico–Orinoquia.

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